Duras críticas de la oposición italiana por la prohibición de la prostitución en las calles

La propuesta de ley elaborada por el Gobierno de centro-derecha del primer ministro, Silvio Berlusconi, que sanciona la prostitución callejera o en lugares públicos, y la autoriza en departamentos privados, no hizo esperar la polémica desde la oposición de izquierda y parte de las autoridades católicas. Con la nueva ley, tanto las prostitutas como los clientes podrán ser sancionados con multa de hasta mil euros y, en casos de reincidencia, con prisión de hasta tres meses.

La pena será mayor para los casos relacionados con menores. Estas medidas han sembrado la polémica sobre el hecho de que un propietario de un apartamento pueda alquilarlo sabiendo que sirve al meretricio, a precio de mercado, sin que por ello pueda ser acusado de favorecer la prostitución. Para el responsable de solidaridad de la Margarita, Beppe Fioroni, la medida del Gobierno sitúa el problema exclusivamente en lo que es visible: "Ojos que no ven corazón que no siente", señala.

Más dura ha sido la crítica del parlamentario del DS Franco Grillini y presidente honorario de ArciGay: "¨La ley se puede resumir en cuatro palabras: espiar, fichar, reprimir, prohibir. Es el prohibicionismo y la lógica represiva de siempre". Para Luana Zanella, de los verdes, es una "ley liberticida que llevará a recrudecer el fenómeno de la trata de blancas".

La fundadora del comité Derechos de las Prostitutas, Pia Covre, dijo que se trata de una "ley xenofóbica, que a través del sentimiento del miedo pone a la gente contra las prostitutas" y que le recuerda a "las leyes racistas de facistas y nazis contra los judíos". Para Paolo Cento, también de los verdes, "el Gobierno quiere la limpieza étnica en las calles". También la ex ministra de Sanidad con el Gobierno de Romano Prodi, Rosy Bindi, calificó la medida como "una hipocresía": "Basta que no sea en la calle y todo es concedido".

El rotativo del Vaticano, el Osservatore Romano, manifestó reticencias por el hecho de que no se considere a la prostitución como un delito en sí mismo y porque se relacione sólo con el lugar en el que se la ejerza, sin afrontar que es "moralmente inaceptable y ofensiva de la dignidad de la mujer".