Reforma herida

El Partido Popular logró el jueves pasado la aprobación en el Congreso de los Diputados de la polémica Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Esta ley, clave de arco de la reforma educativa emprendida en esta legislatura por el Gobierno del PP, sólo contó con el apoyo de Coalición Canaria; los demás grupos parlamentarios votaron en contra. Este resultado pone de relieve la profunda división que ha suscitado una ley cuyo inmenso alcance hacía del consenso un elemento imprescindible. La oportunidad era histórica. El punto de partida de la reforma, esto es, la necesidad de mejorar la educación no universitaria, apenas era discutido. Pero el Gobierno, lejos de aprovechar este acuerdo y abrir un debate sosegado, apretó el acelerador para ver cumplidos cuanto antes sus objetivos.

Desde que se conoció el texto (en forma de borrador) hasta su aprobación parlamentaria han pasado apenas nueve meses. Este apresuramiento ha dado pie a episodios como el ocurrido en la Comisión de Educación del Congreso, donde el PP ventiló las 1.166 enmiendas a su ley a un ritmo de 53 segundos cada una. Tampoco las protestas multitudinarias de una importante parte de los profesores, alumnos y padres han sido capaces de desviar de su ruta programada a la veloz ministra de Educación, Pilar del Castillo. Esta indiferencia gubernamental a las voces críticas ha alimentado la desconfianza hacia una ley que introduce reformas tan sensibles como la reválida, los itinerarios, la potenciación de la religión católica como asignatura o el fin de la promoción automática. Sobre todas ellas se ciernen numerosos interrogantes. Nadie ha explicado cómo encajará la reválida con las pruebas de acceso que impondrán algunas universidades.

Más recelo ha despertado todavía la apertura de itinerarios en tercero y cuarto de la ESO para separar a los alumnos según se encaminen al bachillerato, la formación profesional o directamente al abandono del sistema educativo a los 16 años. Esta segregación, aparte de hacerle un flaco servicio a la formación profesional, aumentará las diferencias sociales entre los alumnos e incluso de compartimentarlas por aulas. La enseñanza de la religión católica, solicitada por la Iglesia como asignatura, se mueve también por una línea sinuosa. La creación de una alternativa única dedicada probablemente al estudio de los valores cívicos acaba con la libertad de la que ahora gozaban los centros para organizar los contenidos alternativos de aquellos alumnos que no querían seguir enseñanzas de doctrina religiosa. Es más, la medida equipara la religión católica con una asignatura no doctrinal, cuando precisamente sus contenidos (materia de fe) y sus docentes (elegidos por la Iglesia) deberían alejarla del horario escolar. Difícilmente encaja este favor a los obispos católicos con el mensaje de recuperación de la cultura del esfuerzo y la autoexigencia que Pilar del Castillo ha convertido en consigna de la LOCE.

La norma, con todo, contiene algunas medidas de interés como el adelanto de la enseñanza del idioma extranjero a los primeros cursos de primaria o la devolución de poderes disciplinarios a los directores. Pero ni siquiera en su faceta más positiva se salva la ley de su peor enemigo: la falta de financiación. El Gobierno, tras dar publicidad y aprobar los planos de la obra, ha mantenido el silencio sobre su coste. Justo lo contrario de países como el Reino Unido, que han anunciado la inversión (20.000 millones de euros) antes incluso de presentar un texto articulado. En su frenética carrera hacia la aprobación de la norma, la única respuesta de Pilar del Castillo a esta incógnita ha sido la remisión a un futuro Consejo de Política Fiscal donde supuestamente se decidirá la financiación. Esta dilación ha hurtado un dato esencial tanto a los parlamentarios que debían discutir y votar la ley como a las comunidades autónomas que habrán de aplicarla. En estas condiciones, la LOCE, la gran reforma educativa del PP, nace herida. No tiene la credibilidad de los textos consensuados ni la fortaleza de las reformas que disponen de un claro sustento financiero.