30.000 inmigrantes trabajan de forma ilegal, según los sindicatos

La Inspección de Trabajo localizó desde enero a octubre de este año a 986 extranjeros indocumentados que trabajaban irregularmente en empresas valencianas. Una cifra muy alejada de los cerca de 30.000 extranjeros clandestinos que, según UGT, residen y trabajan en la Comunidad. Tanto UGT como CC OO consideran que la ineficacia de la Inspección constata la "connivencia" de la Administración con la patronal en la explotación laboral de los extranjeros. El importe de las multas de enero a octubre de este año superó en un 20% al total sancionado en 2001.

Casi un año después de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, el objetivo marcado por el Gobierno, del PP, de disuadir al empresariado en la contratación de inmigrantes indocumentados para atajar su explotación laboral no ha surtido efecto en la Comunidad Valenciana. La razón, según los sindicatos, es la "nula" ineficacia de la Inspección por falta de personal.

Trabajo sancionó durante los diez primeros meses de este año con casi seis millones de euros en multas a empresas valencianas por emplear a inmigrantes sin papeles, un 20% más al importe impuesto durante todo el año pasado. A dos meses del cierre del ejercicio, el valor de las multas supera en casi un millón de euros al total del año 2001, que alcanzó cerca de los cinco millones de euros, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo. Un total de 986 inmigrantes indocumentados fue sorprendido durante los primeros diez meses mientras trabajaba, frente a los 907 descubiertos durante todo el año anterior.

Sin embargo, pese a este incremento considerable de las cifras, los sindicatos creen "ineficaz" la actuación de la Inspección de Trabajo para combatir la explotación laboral de los inmigrantes y, por ello, acusan a la Administración de tolerar la explotación de los extranjeros, en perjuicio de los propios trabajadores y del propio sistema de la Seguridad Social. Alrededor de unos 30.000 inmigrantes clandestinos viven en la Comunidad, y un gran número de ellos trabajan de forma irregular en empresas, según datos de UGT.

Mohamed Amin, responsable de Inmigración de UGT en la Comunidad sostiene que los empresarios prefieren contratar a extranjeros indocumentados que a aquéllos que tienen legalizada su situación en España. A su juicio, la patronal no teme ni a las actuaciones de la Inspección de Trabajo que, según dice, "son inexistentes", ni a las posibles sanciones. La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, el pasado 23 de enero endureció las penas en relación con la contratación de irregulares. El nuevo texto legal recoge sanciones mínimas de 6.000 euros y máximas de 60.000.

Pero Amín explica que el ahorro de los costes laborales que les supone la inmigración ilegal a la patronal le compensa. Este contexto propicia situaciones de semi esclavitud que los inmigrantes no denuncian por temor a ser expulsados. De una opinión contraria es la Unió de Llauradors. El sindicato reconoce que en el sector de la agricultura todavía se abastece, en algunos casos, de mano irregular pero la patronal prefiere, en su mayoría, contratar legalmente a los extranjeros.

Pepo Ruiz, responsable de Política Social y Empleo de CC OO en L'Alacantí, reprochó a la Administración de realizar redadas de cara a la galería. Para Ruiz, el hecho de que las redadas no se lleven a cabo, por ejemplo, en determinadas zonas durante la época de cosecha demuestra "la connivencia" entre la Administración y los empresarios.

Según datos de UGT, la Comunidad acumula alrededor de 30.000 extranjeros irregulares, de los que 12.500 residen en Alicante; 10.500, en Valencia y 7.000, en Castellón. Según Amin, un gran número de ellos trabajan en la clandestinidad. En sólo diez meses, la Inspección de Trabajo ha detectado un mayor número de inmigrantes irregulares que trabajaban para empresas valencianas que en todo el año precedente. En 2001, 907 personas indocumentadas fueron sorprendidas mientras faenaban en condiciones irregulares frente a los 986 descubiertos desde enero y hasta octubre de este año. Alicante es, de lejos, la provincia donde se detectó un mayor número de trabajadores indocumentados (403); seguida de Castellón (298), y Valencia (285). Las empresas alicantinas fueron las más castigadas ya que el valor de las sanciones impuestas alcanzó los 2.202.909 de euros. A raíz de la entrada en vigor de la Ley, la Inspección intensificó su actuación en más de un 50% -3.074 intervenciones en materia de extranjería durante los primeros diez meses de este año frente a las 2.938 del pasado año y a las 1.967, en 2000-. Sin embargo, el empresariado no teme a las sanciones. Tras inspeccionar 3.074 empresas de la Comunidad Valenciana, entre enero y octubre de este año, Trabajo levantó 986 actas por el empleo irregular de extranjeros.