El fiscal Castresana asume la actuación en la querella contra Alierta

La junta de la Fiscalía Anticorrupción nombró el pasado jueves al fiscal Carlos Castresana para representar al Ministerio Fiscal en las diligencias abiertas por el titular del Juzgado número 32 de Madrid, Juan Luis Rodríguez Pons, en relación con una querella criminal contra César Alierta por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera en 1997 y 1998.

En un oficio enviado ayer por el fiscal jefe de la citada fiscalía, Carlos Jiménez Villarejo, al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se le da cuenta de la designación de Castresana, quien sustituirá a la fiscal de Madrid, Pilar Melero.

Jiménez Villarejo envió otro oficio a Cardenal por el que le da cuenta de que en el escrito del fiscal general del Estado del pasado viernes 13 de diciembre, en el que se analizaban las circunstancias de la operación de compra y venta de acciones de Tabacalera, se deslizó un error material en relación con el artículo 3 de la ley 38/1985 de monopolio de tabaco.

En su proyecto de querella, Jiménez Villarejo señalaba que el entonces presidente de Tabacalera, César Alierta, había tomado la decisión de elevar los precios del tabaco. Cardenal, en su escrito, cuestionaba esa versión, citando la ley de 1985. Según esa disposición, "los precios de venta al público de los distintos tipos, marcas y modalidades de labores de tabaco se establecerán como mínimo anualmente, por el Gobierno, en base a las propuestas formuladas por los fabricantes y los importadores". Cardenal concluía: "De acuerdo con ese enunciado legal, el presidente de Tabacalera carecía de capacidad para decidir en exclusiva la cuantía de los precios de venta al público de las labores de tabaco".

Precepto sustituido

En su oficio, Jiménez Villarejo señala al fiscal general del Estado que ese precepto legal fue sustituido el 28 de diciembre de 1988 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, disposición adicional quinta. Según la ley vigente, "los precios de venta al público de los distintos tipos, marcas y modalidades de labores de tabaco se determinarán por su fabricante en el caso de los producidos dentro del ámbito del Monopolio de Tabacos, y por sus importadores para los elaborados fuera de dicho ámbito. Fabricantes e importadores pondrán en conocimiento del Ministerio de Economía y Hacienda, que ordenará en el plazo máximo de un mes la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado".

Fuentes consultadas en la Fiscalía General del Estado reconocieron ayer que, en efecto, el escrito del viernes 13 reflejaba por error la vigencia de un precepto legal ya sustituido. Jiménez Villarejo envió copia del escrito enviado a Cardenal al titular del juzgado 32, Juan Luis Rodríguez Pons. Fuentes jurídicas dijeron a este periódico que el juez ya ha comenzado a estudiar la documentación y que sólo después de navidades adoptará una decisión.