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Tribuna:

Certezas e incertidumbres de la crisis argentina

Las noticias que llegan de la Argentina son preocupantes y dolorosas, como prueban las imágenes de los niños muriéndose de hambre en Tucumán. Sin embargo, más allá de la delicada situación económica que atraviesa el país, la mayoría de los observadores estima que la crisis actual tiene un elevado componente político, como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Foro Hispano-Argentino, celebrada en la Casa de América de Madrid a fines de noviembre pasado. Pero más allá de lo previsible, que es muy poco, en líneas generales se puede afirmar que la situación política se caracteriza por la gran incertidumbre que rodea a cuanto está vinculado con las próximas elecciones presidenciales y, también, con el elevado componente antipolítico de la sociedad argentina. Esta situación podría estallar el 20 de diciembre, al cumplirse el primer aniversario de los cacerolazos que acabaron con el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Las incertidumbres relacionadas con los comicios son abundantes y muchas de ellas de envergadura, comenzando por la legalidad de la propia convocatoria y por la posibilidad de que más allá de su reciente postergación, las elecciones terminen no celebrándose en las fechas propuestas. De acuerdo con la Constitución argentina, los comicios deben realizarse dos meses antes de finalizado el periodo presidencial (que teóricamente concluye en diciembre de 2003). Esta norma también puede afectar a las aspiraciones presidenciales del ex presidente Menem, que teóricamente debe dejar pasar un mandato completo (cuatro años) antes de presentar nuevamente su candidatura a la decisión popular.

Por otra parte, vale la pena señalar que, según todas las encuestas, ningún candidato se destaca claramente sobre los demás, aunque resulta bastante probable que el próximo presidente sea peronista. Un sondeo reciente señala que dos ex presidentes, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá ("el Adolfo", según sus seguidores), lideran las preferencias populares, con un casi empate técnico entre ambos. Sin embargo, las expectativas de uno y otro son distintas. Menem pone todo su empeño (siguiendo lo que señalan las encuestas) en acudir a las elecciones primarias del Partido Justicialista para concurrir a las presidenciales como el candidato oficial del peronismo. Por su parte, Rodríguez Saá cifra sus posibilidades en presentarse al margen de las estructuras del partido (su compañero de fórmula es un ex alcalde radical de la provincia de Buenos Aires). Las diferentes respuestas de ambos candidatos están condicionadas, en buena parte, por la actitud del presidente Duhalde, que no es sólo quien controla el aparato del partido, sino también enemigo encarnizado de ambos políticos peronistas.

Esta situación nos habla de la dura pugna existente dentro del justicialismo, especialmente entre los cuatro principales candidatos: Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, José Manuel de la Sota y Néstor Kirchner. En este punto, como ya se ha indicado más arriba, la duda es quién irá por dentro de las estructuras del Partido Justicialista y quién por fuera. Las elecciones primarias, sobre cuya celebración todavía hoy persisten bastantes dudas, fueron impulsadas por el Gobierno cuando el presidente Duhalde pensaba que tendría un claro candidato con el que imponerse a los demás. Éste parecía ser el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ex corredor de fórmula 1 Carlos Reutemann. Pero la esperanza blanca del Gobierno, el gobernador Reutemann, de momento dice que no se presenta. Prácticamente nadie en la Argentina entiende el motivo de este rechazo, y más cuando encabeza cómodamente cualquier encuesta en la que se le incluye. De todas maneras, persisten ciertas dudas sobre su actitud, ya que, como bien se pregunta Joaquín Morales Solá en las páginas de La Nación, "¿seguirá diciendo que no el único argentino que se convertiría en presidente con sólo decir que sí?".

Para colmo de males, el choque frontal entre Duhalde y Menem se ha trasladado a la Corte Suprema, controlada por jueces menemistas. Se esperaba que la semana pasada la Corte hubiera pronunciado un fallo trascendental para el futuro de la economía argentina y para la supervivencia de la banca relacionado con la redolarización de los depósitos que quedaron presos del corralón. Por si la política no tuviera poco con sus problemas y con los errores generados por los políticos, la politización de la justicia incorpora nuevas, y dramáticas, dificultades. Sin embargo, imprevisible como es la política argentina, cuando todo el mundo esperaba lo peor, el esperpento retornó una vez más a la escena política y judicial, ya que la Corte no pudo emitir su veredicto. Uno de los cinco jueces (sobre nueve) que garantizaban la mayoría favorable a la redolarización tuvo que excusarse de intervenir en el debate por tener un plazo fijo de 200.000 dólares en el Banco Nación. Todo se ha vuelto a liar: el presidente solicitó la renuncia de Carlos Fayt, el juez en cuestión, por tener 85 años; hay que elegir conjueces para relevar a quienes no pueden votar, pero es un proceso complicado que puede dilatar la resolución del conflicto durante varios meses.

Por diversas razones, el perfil de la mayor parte de los candidatos provoca escaso entusiasmo, lo que implica que el rechazo que todos generan en la población es muy elevado, a tal punto que de momento se plantea que la mitad de los argentinos habilitados para votar podría no acudir a las urnas, reeditando el famoso episodio del voto bronca de octubre de 2001. A esto hay que añadir la deriva populista de buena parte de los candidatos, comenzando por Elisa Carrió y por el hoy admirador del comandante Chávez, Adolfo Rodríguez Saá. Por si fueran pocas las medallas que jalonan su currículum, a mediados de octubre pasado, en la Quinta Conferencia de las Américas, organizada por el Miami Herald, Alberto Rodríguez Saá, hermano del candidato Adolfo, señaló que éste llegaba a la presidencia y se podría "establecer una regla de caducidad de la legislación" que provocaría la ratificación de cada una de las leyes vigentes. En la reunión estaba el también candidato Ricardo López Murphy, que lo acusó inmediatamente de alentar "la inseguridad jurídica".

A los problemas del peronismo hay que agregar la virtual ausencia del radicalismo en la carrera presidencial. La Unión Cívica Radical todavía está sumida en el profundo shock que supuso la salida anticipada de Fernando de la Rúa del Gobierno hace un año atrás. Hay que tener en cuenta que desde 1928, cuando concluyó la presidencia de Marcelo T. de Alvear, ningún presidente radical elegido democráticamente concluyó su mandato en el periodo establecido. Algunas veces por golpes de Estado (Hipólito Irigoyen, en 1930; Arturo Illia, en 1966, e incluso Arturo Frondizi, en 1958, si se lo considera radical) y otras (Raúl Alfonsín en 1989 o el propio De la Rúa) por renuncias anticipadas en medio del caos generado por su propio desgobierno. Por eso resulta pertinente la pregunta acerca del futuro de los principales partidos políticos: el Justicialista y el Radical. Frente a la atonía radical y al desánimo generalizado en el interior de sus filas, el peronismo se encuentra sin una clara postura política-ideológica, carente de un liderazgo reconocido y con el riesgo de la fragmentación territorial. En buena medida esto alude a la falta de renovación de los partidos tradicionales y al escaso empeño en construir nuevos y sólidos partidos. Salvo claras excepciones, los políticos argentinos siguen apostando por la demagogia, las salidas fáciles y el inmediatismo.

En el otro extremo tenemos el elevado componente antipolítico de la sociedad argentina, escenificado en los cacerolazos de principios de año, los escraches, el que se vayan todos y los piqueteros. Lo lamentable del caso es que la sociedad en su conjunto es la que se niega a asumir su responsabilidad en todo lo que ha pasado, en una postura que siguen a pies juntillas las élites económicas, culturales, sociales, etc. Unos y otros descargan las culpas en los desprestigiados políticos y en los partidos, así como en las denostadas instituciones como el Parlamento, el Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas, los sindicatos y, obviamente, los organismos multilaterales, con el FMI a la cabeza, las empresas extranjeras, comenzando por las españolas, y los Estados Unidos.

Aquí también la corrupción siempre es patrimonio de los demás, pero son pocos los que se preguntan cómo y con qué apoyos han gobernado los corruptos. Menem y los tan denostados menemistas ganaron múltiples elecciones gracias al voto popular. Muchos de los que ahora gritan "que se vayan todos" justificaban su voto oficialista señalando "roban, pero hacen...". Más allá de los conocidos riesgos de la antipolítica y de las posturas antisistema, lo pavoroso del momento actual son las propuestas antisistema, de alguna manera ejemplificadas en la acción de los numerosos grupos, tan disímiles política e ideológicamente, conocidos como piqueteros.

Antes las terribles imágenes difundidas por la televisión y la prensa escrita sobre el pavoroso estado de desnutrición en que se encuentran numerosos niños en la provincia argentina de Tucumán, que provocó la muerte de algunos de ellos, fueron muchos los que se preguntaron cómo es posible que ocurran estas cosas en un país tan rico como Argentina, para colmo productor de alimentos (carne y cereales). Para más abundamiento habría que agregar que popularmente Tucumán es conocida como el jardín de la República, dado el carácter ubérrimo de su vegetación tropical. La figura del gobernador Miranda seguramente hubiera hecho las delicias de Plutarco, que habría construido deliciosos paralelismos con el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, uno de los máximos estereotipos del dirigente corrupto latinoamericano. La Argentina no merece este tipo de políticos, pero para que esto suceda su sociedad se tiene que poner a trabajar, generando los cauces y los canales adecuados para que nuevos contingentes de ciudadanos lleguen a la política y con nuevos o viejos partidos sienten las bases de la certidumbre y de la racionalidad en la gestión cotidiana de la Administración del Estado.

Carlos Malamud es analista principal de América Latina del Real Instituto Elcano.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de diciembre de 2002