Cajasur reafirma que su Asamblea decidirá sobre la aprobación de sus nuevos estatutos el próximo día 28

Cajasur sigue adelante con su propósito de tener unos nuevos estatutos adaptados a la Ley Financiera, que sustra la supervisión de la entidad a la Junta para otorgársela al Ministerio de Economía en virtud de su "fundación directa" por la Iglesia. El Consejo de Administración de la caja cordobesa trató ayer este asunto , pero no para congelarlo, como había ordenado el obispo de Córdoba, Javier Martínez (en conflicto abierto con el presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo), sino para reafirmar que se abordará en la Asamblea general del próximo día 28, que deberá revalidar, con dos tercios de sus votos, lo que ya aprobó el Consejo de Administración el pasado día 3.

El Consejo, en el que Castillejo volvió a hacer valer su mayoría, sólo modificó el orden del día de la Asamblea General, de modo que la aprobación de los nuevos estatutos se traslade de uno de los últimos puntos al primero para asegurar la asistencia del mayor número de consejeros. Antonio Fernández, alcalde de Pozoblanco y representante del PSOE, señaló, antes de entrar en el Consejo que, a su juicio, esta alteración del orden del día no debía ser la cuestión principal; "el Consejo no se reúne con carácter ordinario desde el pasado 14 de noviembre para ver los asuntos realmente interesantes del funcionamiento de la caja", dijo, señalando que esta convocatoria era ya muy necesaria.

Por su parte José Manuel Miranda, consejero en representación de Izquierda Unida, hizo un llamamiento al diálogo institucional. "Esto no sólo lo pedimos nosotros", afirmó, "hay muchas voces que lo reclaman, como la Junta, la Diputación y la propia Iglesia". Miranda recordó que el próximo día 23 se verá, en el Juzgado de Instrucción número uno de Córdoba, la impugnación que hizo la Junta de los acuerdos del Consejo de Administración del 25 de noviembre, precisamente los referentes a la propuesta de nuevos estatutos. "Espero que la justicia ponga orden y cordura", declaró; "de momento se demuestra que no hay otra vía que la judicial, porque por más que lo piden todos los implicados aquí no hay diálogo".

UGT también exigió ayer, a través de un comunicado, "una solución democrática y basada en el diálogo" para Cajasur, de modo que se tengan en cuenta los intereses "de la caja, los impositores, los trabajadores y la población cordobesa en general". El sindicato criticó duramente la decisión de Cajasur de adherirse a la Ley Financiera, que consideró "un intento de fuga para escapar de los controles de la Ley de Cajas andaluza", y defendió la necesidad de que la entidad permanezca dentro del sistema financiero andaluz. "Sea con este gobierno actual o con otro de distinto signo político, siempre será más legítimo que la gestión de Cajasur se haga desde el gobierno andaluz", se dice en el texto.