Violencia insoportable

El ligero descenso del porcentaje de mujeres españolas que se declaran víctimas de maltrato doméstico (del 4,2% en 1999 al 4% ahora), registrado por la encuesta que ha hecho pública el Instituto de la Mujer, es positivo, pero poco relevante. Esa mínima disminución coyuntural no aconseja ningún tipo de optimismo ni permite levantar la guardia ante ese insoportable tipo de violencia.

Eventuales modificaciones a la baja del volumen de la violencia familiar no autorizan afirmaciones tajantes como la de que "está descendiendo el maltrato en España", realizada por la directora general del Instituto de la Mujer. La existencia de casi dos millones de españolas sometidas al abuso de sus maridos, novios o ex compañeros es en sí misma escandalosa.

Los dos planes de choque hasta ahora puestos en marcha, aunque han significado un avance respecto a los tiempos en que la violencia doméstica era un drama clandestino y estrictamente privado, no han contado con la financiación necesaria ni la energía suficiente de la justicia. De ahí que las propuestas legislativas recientes, la de elevar de falta a delito todo maltrato doméstico y la coordinación entre los juzgados penales y los de familia, requieran una tramitación urgente.

Los propios datos de la encuesta reflejan que, a pesar de las informaciones sobre violencia doméstica divulgadas durante los últimos tres años, más del 11% de las mujeres son maltratadas, pero una parte de ellas no se creen víctimas de esa conducta. Es decir, una importante proporción de mujeres no percibe como hechos violentos el insulto, la amenaza y la insistencia en mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Y claro está que si las víctimas no se creen atacadas por esas conductas, tales actuaciones no serán denunciadas, por lo que no será posible aplicarles ninguna de las medidas jurídicas o sociales previstas o propuestas.

No caben, pues, optimismos oportunistas ante cualquier aparente descenso del maltrato, y debe, en todo caso, darse prioridad al fomento de la propia conciencia de dignidad y libertad de las potenciales víctimas, para que sean ellas las primeras que permanezcan alerta y, mediante sus denuncias, desencadenen la acción del Estado y de la sociedad para la erradicación de esa lacra.