Economía pide a la Asamblea de Cajasur que vote contra los estatutos promovidos por Castillejo

Magdalena Álvarez, consejera de Economía, pidió ayer a los compromisarios de la Asamblea General de Cajasur que voten contra la propuesta de nuevos estatutos que recibió hace dos semanas el apoyo del Consejo de Administración de la caja. Álvarez, que compareció ante los medios de comunicación en Córdoba, consideró que sería "un gran error" que los representantes de la caja aprobasen abandonar el ámbito competencial de la comunidad autónoma.

Si el próximo 28 de diciembre la Asamblea tomase esta decisión, advirtió la consejera, Cajasur sería la única entidad financiera de España que dependiera "en algunos aspectos, no todos, de la ley estatal"; en cualquier caso, recordó, la Junta mantendría sus atribuciones en lo referente a la inspección. "El Gobierno central tendría competencias para aprobar unos estatutos que vulneran los derechos de la Diputación de Córdoba", aseguró Álvarez, "y los de muchos ciudadanos que tienen derecho a una mayor representación".

A juicio de la consejera, estos estatutos vulneran también, además de la Ley de Cajas Andaluza, la Ley Financiera aprobada por el PP en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Álvarez no especificó en qué consiste esta vulneración. "Tendrán ustedes detalles cuando los estatutos estén aprobados y vigentes", dijo. "Mientras tanto, digo a quienes tienen que votar que no voten a favor de unos estatutos que vulneran la ley, ni en contra de los intereses de los cordobeses".

La consejera tampoco concretó qué medidas tomará la Junta en caso de que la propuesta de estatutos (que limita la presencia de las instituciones públicas a la vez que incrementa la del Cabildo Catedralicio) resulte finalmente aprobada. Álvarez indicó que la caja no debe "creer que su especificidad le permite cometer cualquier acción independientemente de su cobertura legal".

Anular la inspección

Mientras, Cajasur presentó ayer un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para anular la inspección "privada" de la Junta de Andalucía y sus resultados, según informó el director adjunto a la presidencia de Cajasur, Diego Jordano, informa Europa Press. Jordano dijo que es un recurso contencioso contra la adjudicación del concurso de auditoría por parte de la Junta a la empresa KPMG y se basa en cuestiones formales y de contenido. Estos auditores están haciendo labores auxiliares.

La caja presidida por Miguel Castillejo alega que la labor de inspección es algo asociado al concepto de poder público y no puede ser realizada por entidades o personas privadas, aunque, en realidad, los auditores de KPMG están cumpliendo labores auxiliares.

Además, Jordano indicó que hay "ciertos defectos" en la convocatoria del concurso y que la publicación de la adjudicación se hizo después de que comenzasen los trabajos.