La devaluación del derecho a la intimidad

Hace varias semanas, pudimos conocer, a través de los medios de comunicación, que en Vitoria unos adolescentes de un colegio privado habían grabado las relaciones sexuales de unos compañeros, contando con la connivencia del varón, de quince años de edad, pero sin que la chica, de trece años, sospechara lo más mínimo, con el propósito, al parecer, de vender, posteriormente, por siete euros, copias de la grabación. La noticia, en sí misma, es enormemente preocupante, pero, además, invita -o, al menos, a mí así me lo suscita- a una reflexión de más alcance sobre la situación que actualmente estamos viviendo de devaluación del respeto a la intimidad personal como valor y como derecho consustancial a la persona humana y, por tanto, atributo de su dignidad.

Desde hace algunos años son frecuentes los programas de televisión que se basan, esencial y sustancialmente, en la exhibición de facetas íntimas de la vida de las personas, ya sea mostrando en directo la convivencia forzada y cotidiana de esas personas, ya sea desnudando las facetas recónditas de las relaciones de pareja o de las relaciones paterno o materno filiales, ya explotando conflictos o pasiones íntimas que los protagonistas narran, sin mayor problema, ante las cámaras de televisión. No digamos ya los programas en los que intervienen personajes, protagonistas habituales de la llamada prensa rosa, que por sustanciosas sumas de dinero nos cuentan sin recato sus matrimonios, sus divorcios, sus natalicios, sus relaciones o inclinaciones sexuales, o los conflictos que afectan a su vida privada. En tiempos más recientes, el fenómeno ha adquirido cotas un poco más preocupantes con esos denominados programas de cámara oculta, que se nos presentan como productos del periodismo de investigación, en los que un reportero se entrevista con personas diversas, grabando, sin conocimiento de sus interlocutores, conversaciones privadas que luego, sin más filtros ni controles, se proyectan por la cadena de televisión, para entretenimiento y diversión de sus telespectadores.

Es curioso pensar cómo el progreso tecnológico siempre nos ha generado la preocupación de si esos potentes medios de grabación y reproducción de la imagen y el sonido, puestos en manos del Estado, no nos podrían convertir en esos seres controlados y asfixiados en su intimidad, que espléndidas novelas de ciencia ficción han sabido narrar magistralmente. Pero nunca pudimos sospechar que los mayores peligros pudieran venir de la mano de las cadenas de televisión, públicas o privadas, que, movidas por la necesidad de incrementar sus índices de audiencia y con la excusa de la denuncia pública, se entrometen sin recato en la intimidad de forma mucho más decidida y, desde luego, menos controlada que el propio Estado. Piénsese que la utilización, en un juicio oral, de grabaciones de conversaciones privadas que pertenecen a la intimidad de las personas exige, en la generalidad de los casos, la previa autorización judicial de esa grabación y la policía, al solicitar esa autorización, tiene que justificar la necesidad de vulnerar la intimidad presentando los correspondientes indicios o sospechas de comisión de delito. Los investigadores privados, por su parte, tienen muy limitada en España la posibilidad de investigar hechos criminales, de modo que, en la práctica, ésa es una faceta de su actividad profesional de naturaleza menor. Sin embargo, las televisiones parecen no tener límites ni controles, porque lo mismo graban a organizadores de concursos de misses, como a visionarios o curanderos, oportunistas, empresarios, comerciantes o letrados en ejercicio. El pretexto para ello es siempre el mismo: la denuncia pública de hechos delictivos o irregulares que, de esta forma, se ponen de manifiesto, alertándose a la población; es decir, el argumento no es sino el del interés prevalente de la prevención de delitos o de la evitación de hechos legalmente irregulares. Sin embargo, estas emisoras se olvidan del pequeño detalle de que mientras que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, recogido en el título primero de la Constitución española, no existe un derecho constitucional, del mismo rango, a la denuncia pública, ni siquiera un derecho fundamental a la seguridad ciudadana, en general. Aparte de que casi ninguna de dichas grabaciones servirían como prueba inculpatoria en un proceso criminal por haber sido obtenidas con vulneración de derechos constitucionales. Y es que el monopolio de la investigación de hechos delictivos lo tiene, a través de las fuerzas de seguridad públicas o de los órganos jurisdiccionales, el Estado, y los particulares, sin embargo, sólo tienen la obligación de denunciar ante la autoridad pública y poner las pruebas a disposición de la Justicia, pero sin exhibirlas previamente a través de los medios de comunicación. Por lo demás, en muy raras ocasiones, a través de esos programas de televisión, se logran poner en evidencia las actuaciones de bandas mafiosas, o de redes de narcotraficantes, o de blanqueadores de capitales, pues la mayor parte de los hechos que se denuncian son de mínima relevancia criminológica o son insignificantes desde el punto de vista de su incidencia en las cifras totales de la criminalidad real.

Sin embargo, el efecto colateral perverso que toda esa exhibición indecorosa de privacidades tiene es la generalización de una cultura de minimización de la importancia de la intimidad como atributo y valor de la personalidad y, por lo tanto, la creación de unos hábitos de comportamiento social en los que la cosificación de las personas, que atenta gravemente contra su propia dignidad, se populariza y se convierte en norma. No nos extrañemos, después, que, en aras a la protección de la seguridad o en aras a una eficaz lucha contra la delincuencia, el Estado, en sus diferentes versiones de Administración central, autonómica o local, nos invada con cámaras de grabación por doquier o generalice los registros personales o domiciliarios, iniciando el camino de la conformación de una sociedad de individuos controlados, en la que la supervivencia de los derechos constitucionales, que tanto trabajo y sangre ha costado consagrar, será cada vez más difícil.

Bernardo del Rosal es Síndic de Greugues de la Comunidad Valenciana.