Kissinger complica con su dimisión la investigación del 11-S

Las dimisiones de Henry Kissinger, como presidente de la comisión investigadora del 11-S, y George Mitchell, como vicepresidente, han demostrado la dificultad de un examen público y profundo de los atentados y de los fallos de seguridad que permitieron que un grupo de terroristas causara 3.000 muertes. George Bush busca un sustituto para Kissinger, que fue secretario de Estado con los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Quince meses después del 11-S, la investigación no ha comenzado.

Bush se opuso a que se creara una comisión no controlada por los republicanos

En dos días la comisión perdió a su presidente y a su vicepresidente

Y crecen las dudas sobre la voluntad presidencial de llegar al fondo del asunto. El segundo miembro nombrado recientemente por los republicanos, tras el fallido de Kissinger, es un senador que trabaja para la industria aérea.

Bush se opuso desde el principio a que se creara una comisión que no pudiera ser totalmente controlada por la mayoría republicana en el Congreso. La presión de las familias de las víctimas le obligó, sin embargo, a cambiar de opinión y dos meses atrás dio luz verde a la comisión, pero bajo determinadas normas: la primera, que el jefe del grupo, cuyo nombramiento correspondía a la Casa Blanca, fuera Henry Kissinger, el rey del secretismo y de la "cuestión de Estado"; la segunda, que habría cinco miembros republicanos y cinco demócratas, pero sería necesaria la firma de al menos seis puestos (es decir, un acuerdo entre ambos partidos) para convocar testigos. Bush no quería correr ningún riesgo. Los resultados de la investigación deberían conocerse en la primavera del año 2004, pocos meses antes de la elección presidencial, y cualquier hallazgo que implicara responsabilidad por parte de George Bush podía tener efectos muy negativos para su candidatura a la reelección.

La presencia de Kissinger suscitó una enorme desconfianza entre los familiares de las víctimas, no sólo por su talante reacio a exhibir en público las entretelas institucionales. Sus compromisos profesionales, en su calidad de presidente y propietario de la empresa Kissinger & Associates, una firma que asesora a Gobiernos y multinacionales, eran interpretados como un impedimento a la investigación. Entre los pocos clientes conocidos de la consultoría de Kissinger figuran el Gobierno de China, la aeronáutica Lockheed, ITT y American Express.

Todos los temores se confirmaron cuando Kissinger, con el apoyo de Bush, se negó a revelar los nombres de sus clientes. Sostenía, al igual que la Casa Blanca, que el hecho de no cobrar por su trabajo al frente de la comisión le permitía mantener al margen sus actividades profesionales. El viernes, sorprendió al propio presidente Bush con el anuncio de su dimisión.

En una carta malhumorada al presidente de Estados Unidos, indicó que no estaba dispuesto a que la comisión estropeara sus negocios. Dijo estar dispuesto a aceptar cualquier norma de transparencia, "pero la controversia pronto llegaría a la firma consultora que fundé y de la que soy propietario". Eso podría suponer la pérdida de clientes, temerosos de ver desvelados algunos de sus secretos, y, por tanto, la pérdida de ingresos.

"Concluyo, por tanto, que no puedo aceptar las responsabilidades que usted me ofreció", finalizaba el mensaje de Kissinger a Bush. "Las exageradas exigencias de transparencia planteadas por el Congreso hacen que gente de valía no tenga interés en trabajar por el Gobierno", se quejó un anónimo alto cargo de la Casa Blanca citado por The Washington Post.

El vicepresidente de la comisión, el ex senador demócrata George Mitchell, célebre por su trabajo como mediador en el conflicto de Irlanda del Norte y autor de un plan de paz para Oriente Próximo, ya había dimitido dos días antes, el miércoles pasado. "Me han pedido que corte mis relaciones con la firma de abogados de la que formo parte, pero, dado que tengo que mantener a mi familia, no puedo hacerlo", se justificó Mitchell.

En dos días, la comisión perdió a su presidente y a su vicepresidente. Ganó, sin embargo, el primer miembro republicano. El agraciado con el nombramiento resultó ser el senador Slade Gorton, cuya independencia parecía al menos discutible, ya que su despacho de abogados en Seattle tiene entre sus clientes a la compañía Boeing, constructora de los cuatro aviones utilizados en los ataques del 11-S, y a prácticamente todas las compañías de transporte aéreo, entre ellas American y United. Las citadas compañías eran propietarias de los aparatos secuestrados.

"El de Gorton es un nombramiento terrible", comentó Stephen Push, cuya esposa, Lisa Raines, murió pulverizada en el choque de un avión contra el Pentágono.