La ley que nunca acaba de llegar

Veinticuatro años después de la promulgación de la Constitución y 23 después de la aprobación del Estatut, Cataluña es la única comunidad autónoma que no dispone de una ley electoral propia. No existe ningún impedimento legal ni el hecho responde a veto alguno del Gobierno central, pero en Cataluña se siguen convocando todas las elecciones autonómicas a partir de una disposición transitoria del Estatut pensada para el año 1979. En 1999, la aplicación de esta norma temporal tuvo consecuencias cruciales: la plataforma encabezada por Pasqual Maragall obtuvo más votos que Convergència i Unió (CiU), pero la coalición nacionalista consiguió más escaños y, por tanto, conservó el poder.

Con el modelo alemán, el PSC ganaría a CiU, aunque seguiría en la oposición

El Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) llevan años reclamando un sistema electoral propio para Cataluña. Incluso el Partido Popular (PP) viene exigiéndolo toda la legislatura: ha convertido la ley electoral en el ejemplo emblemático de por qué, a su juicio, no es necesario incrementar el autogobierno al quedar aún competencias por desarrollar.

En cambio, Convergència i Unió (CiU), que se ve beneficiada por el actual sistema -porque el voto de las circunscripciones menos pobladas, feudos tradicionales del nacionalismo, está sobrerrepresentado-, se ha quedado sola en defensa del statu quo esgrimiendo que falta el consenso necesario para elaborar la ley. No obstante, su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se ha comprometido a impulsar por fin la ley pendiente en la próxima legislatura y ha avanzado que defenderá un sistema que asigne un diputado específico a cada comarca.

En esta legislatura, sin embargo, la propia CiU se planteó abrir el debate sobre el sistema electoral. A pesar de las reticencias expresadas en múltiples ocasiones por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el año 2000 el propio Departamento de Presidencia encargó al Centre d'Estudis Sociològics (CES) un estudio sobre "posibles alternativas a la actual ley electoral".

La existencia del estudio, para uso interno del Gobierno, se ha conocido recientemente, a raíz del exhaustivo informe elaborado por el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao sobre todos los estudios solicitados por el Gobierno catalán en los últimos años. La entrega del trabajo de CES -en noviembre de 2000- coincidió con el periodo en que al frente de Gobernación se encontraba Josep Antoni Duran, quien enarboló la bandera de la reforma de la organización territorial de Cataluña, vista como un paso previo a la elaboración de una ley electoral propia. Con su salida del Gobierno -febrero de 2001-, estos proyectos quedaron guardados en un cajón.

El trabajo del CES especula con la aplicación a la realidad catalana de sistemas electorales que combinan el voto a un candidato concreto -vinculado a un territorio-con el voto a la lista de un partido político, la opción que, con matices, defienden la mayoría de los partidos -incluidos CiU y el PSC-, por lo menos sobre el papel. Los modelos que traslada a la realidad catalana son el escocés, el alemán y uno elaborado por la Fundación Jaume Bofill que es, de hecho, una adaptación libre del sistema alemán.

- Resultados. Calcular los votos reales de las últimas elecciones autonómicas en función de los distintos sistemas electorales sugeridos no deja de ser una especulación porque el comportamiento de los electores podría variar en función de los candidatos presentados eventualmente por los partidos en las circunscripciones de elección directa. Pero pese a estas limitaciones metodológicas, reconocidas por los autores del estudio, el informe se atreve a sugerir cómo hubiera quedado el Parlament aplicando cada una de las leyes electorales sugeridas.

Los cambios no son cuantitativamente espectaculares, pero ante resultados tan ajustados como los de los últimos comicios podrían llegar a ser decisivos: con el modelo escocés, CiU habría mejorado incluso sus resultados y se hubiera asegurado la investidura de Jordi Pujol pudiendo elegir como socio entre ERC y el PP. Con la aplicación mecánica del sistema alemán, el PSC hubiera superado a CiU no sólo en votos, sino también en escaños, aunque seguiría en la oposición porque Iniciativa per Catalunya Verds estaría fuera del Parlament. Pero en este caso, el PP sería el único partido con el que CiU llegaría a los 68 escaños necesarios para lograr mayoría absoluta.

En cambio, la aplicación del sistema diseñado por la Fundació Jaume Bofill, al menos en su fase transitoria, hubiera permitido a las izquierdas alcanzar los 68 escaños que se requieren para gobernar. Además, la posibilidad de un eventual frente nacionalista -CiU y ERC- quedaría descartada. No obstante, esta composición sólo sería posible en la fase provisional que prevé el sistema, que sitúa el umbral para obtener representación parlamentaria en el 3% provincial.

En una fase posterior este umbral se sitúa en el 4%, lo que hubiera dejado a Iniciativa fuera del Parlament. Tradicionalmente, ICV ha superado este porcentaje, pero en 1999 logró sólo el 3,3% en la provincia de Barcelona, la circunscripción en la que obtiene siempre sus mejores resultados. La traslación mecánica del modelo alemán a Cataluña también hubiera convertido en extraparlamentaria a ERC en 1984 y 1988.

- Doble voto. Los tres sistemas sugeridos pretenden combinar dos aspectos: mejorar la identificación de los diputados con un territorio -ganar proximidad con los ciudadanos- y garantizar al mismo tiempo la proporcionalidad. Ello exigiría que en cada elección los electores votaran en dos urnas: en una, a un diputado personalizado, adscrito a su territorio, que se elegiría por mayoría simple; en la otra, a un partido, que presentaría sus listas cerradas y bloqueadas, como las de ahora. La asignación de diputados entre los partidos por esta vía se realizaría a través de fórmulas que asegurasen la representación de las formaciones minoritarias.

- Comarcas. Las circunscripciones uninominales toman como base las comarcas existentes, aunque aplicando criterios correctores para crear unidades de población similar. En 1999, CiU fue el primer partido en 35 comarcas y 4 distritos de Barcelona, y el PSC fue la opción más votada en seis comarcas y en seis distritos. No obstante, ante unas elecciones reales los resultados podrían alterarse con la formación de eventuales alianzas de apoyo a un determinado político en cada circunscripción, que elige un único candidato. En cualquier caso, los sistemas electorales sugeridos a partir de los tres modelos analizados toman como base para decidir el total de escaños en el Parlament el resultado global que obtienen los partidos. Las elecciones de base comarcal sirven, por tanto, básicamente para decidir la identidad de algunos de los diputados de cada grupo parlamentario y no alteran el reparto de escaños en la Cámara.