Los peritos elevan a 13,4 millones la deuda fiscal descubierta al grupo Núñez y Navarro

El informe pericial entregado a la magistrada que investiga la supuesta trama de corrupción en la cúpula de la Inspección de Hacienda en Cataluña descubre una deuda tributaria de las empresas del grupo inmobiliario Núñez y Navarro entre los años 1988 y 1995 de más de 2.200 millones de pesetas (13,4 millones de euros). El mismo informe añade que estas sociedades han causado un "perjuicio económico" al erario público de 1.712 millones de pesetas (10,3 millones de euros) derivado de la transmisión de inmuebles y solares entre empresas del mismo grupo.

El informe redactado por los tres peritos fue presentado el pasado 29 de noviembre a la magistrada Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que investiga el caso desde hace más de dos años. El informe ha tardado cinco meses en redactarse y consta de dos grandes bloques. En uno de ellos se analizan las 51 inspecciones realizadas por Manuel Abella a las empresas del grupo Núñez a la hora de tributar el impuesto sobre sociedades, que concluyeron con un saldo a favor del grupo de 29,9 millones de pesetas. Frente a esa cantidad, los peritos descubren una "deuda tributaria" que cuantifican en 2.238 millones de pesetas (13,4 millones de euros) y se muestran muy críticos con la actuación de Abella.

En este sentido, el informe pericial asegura que Abella "se esfuerza en aparentar una cierta actividad inspectora que realmente no ha tenido lugar" porque no solicita todos los documentos necesarios para cerrar las actas, no valora todos los extractos de las cuentas bancarias y no justifica la calificación de algunas partidas que beneficien la cuota que ha de liquidar la empresa. Fuentes judiciales explicaron ayer que esa deuda estaría ya prescrita porque las actas revisadas están comprendidas entre los años 1988 y 1995.

Otro bloque del informe detalla el perjuicio económico causado a la Hacienda pública por el grupo inmobiliario que dirige el ex presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez Clemente. Así, los peritos cuantifican en 474.722.668 pesetas (2.853.140 euros) el perjuicio causado al aplazar el pago del precio por la transmisión de una obra de una a otra sociedad del mismo grupo Núñez y Navarro. Del mismo modo, se cuantifica en 1.238.008.449 pesetas (7.440.580 euros) el perjuicio por la exención fiscal por reinversión en la transmisión a terceros de inmuebles explotados en arrendamientos o por transmisiones internas de solares y obras en curso con licencia para edificar viviendas. La ley prevé que ambos casos quede exento de tributación en el impuesto sobre sociedades el 35% de la base imponible en determinadas circunstancias que, según los peritos, no son aplicables al grupo de empresas Núñez y Navarro.

En este sentido, los peritos aseguran: "El intercambio de promociones entre las sociedades del entramado que ha utilizado Núñez y Navarro únicamente ha servido para reducir su factura fiscal, revalorizando contablemente las obras y abusando de las normas tributarias de imputación de ingresos y gastos".

En un registro judicial realizado en las oficinas de Núñez y Navarro durante la tramitación se intervino un documento de la auditora Arthur Andersen en el que se aborda la exención por reinversión y se advierte del riesgo de que Hacienda detecte esta práctica. "Consideramos conveniente destacar que estas operaciones, desde un punto de vista técnico podrían llegar a ser calificadas como operaciones realizadas en fraude de ley", asegura el informe de aquella consultoría.

Nuevo peritaje

Un portavoz de Núñez y Navarro expresó ayer su total desacuerdo con el contenido del informe pericial entregado al juzgado y aseguró que en los próximos días lo rebatirán con tres argumentos: un peritaje realizado por otras personas, los criterios fiscales que aplica la propia Administración Tributaria en situaciones similares y las sentencias del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEAR), que ya ha dictado varias resoluciones desestimando algunas de las actas de inspección levantadas contra el grupo. Los abogados de Núñez y Navarro ya recurrieron sin éxito la designación de los tres peritos designados por el juzgado para realizar ese informe, que ocupa 388 páginas y que contiene un anexo de tablas y resúmenes de otras 55 páginas. El mismo portavoz de la empresa considera que "Núñez y Navarro es el grupo constructor más inspeccionado de Barcelona y más transparente". En su opinión, las cifras que reflejan los peritos judiciales responden a diferencias de criterios a la hora de tributar y esas discrepancias, en su opinión, "deberían aclararse en un proceso administrativo, nunca penal".

Josep Lluís Núñez Clemente está imputado en este proceso por los supuestos delitos de falsedad, cohecho, prevaricación y fraude fiscal. La fiscalía sostiene que Abella levantó actas favorables al grupo a cambio de diversas cantidades.