Los 8,4 millones de pensionistas cobrarán en enero los atrasos

Los 8.397.045 pensionistas de la Seguridad Social cobrarán en el próximo mes de enero los atrasos que compensan el poder de compra perdido este año. Esos titulares de prestaciones recibirán en una paga única la diferencia entre la inflación prevista (2%) y la real, que se conoció ayer (3,9% en términos interanuales). Además, esa diferencia se consolidará en la nómina a partir de enero, y así las pensiones para 2003 tendrán un incremento del 3,9% sobre las percibidas este año (el 2% ya recogido en los Presupuestos Generales más el 1,9% de la consolidación).

Las prestaciones de viudedad experimentarán una mejora adicional (el aumento para 2003 sube hasta el 8,46%), ya que, en aplicación del acuerdo del Gobierno con CC OO y la patronal CEOE, el cálculo de la base reguladora pasa desde el 46% al 48% sobre la que correspondería al cónyuge fallecido.

Tendrán incrementos adicionales otras pensiones mínimas. En concreto, los perceptores de pensiones mínimas de jubilación menores de 65 años, con o sin cónyuge a cargo; los titulares de pensiones mínimas de orfandad y los que reciben una pensión mínima a favor de familiares tendrán una subida superior al 5,43%. Lo mismo sucederá con los pensionistas del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez), cuya prestación se incrementará el año que viene un 4,4%.

Coste total

Esas revalorizaciones tienen para la Seguridad Social un coste total de 2.071 millones de euros, de los que 1.050 millones se destinan a la paga compensatoria y 1.021 millones a consolidar la desviación en 2003.

El importe destinado para la paga única queda incluido, como ya se había previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2002, mientras que la cantidad destinada a la consolidación de las pensiones por la desviación de la inflación se incluye en los Presupuestos públicos del año próximo, con la introducción de un grupo de enmiendas que aprobó ayer el Senado.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, explicó ayer que el gasto que se destina a la revalorización de las pensiones "no pone en riesgo en ningún caso el superávit del sistema, y evidencia un saneamiento financiero de la Seguridad Social que permite hablar de un sistema consolidado y solidario".

El mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones está garantizado por ley desde 1997, que obliga a una subida igual a la inflación prevista y a una actualización si el IPC real es superior al estimado cuando se publica el dato de los precios de noviembre.