Una ley insuficiente
El acuerdo entre el Gobierno de la nación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la reforma de financiación de las haciendas locales no debe confundirse en forma alguna con la aprobación de los gobiernos municipales de una ley que determina una financiación de los municipios insuficiente, en algunos casos indeterminada, y que ha sido objeto de una negociación mínima, realizada a uña de caballo, cuando el proyecto de ley se hallaba en una fase avanzada de su tramitación parlamentaria. De hecho, la negociación ha conseguido, básicamente, que los ayuntamientos sean compensados por la exención del impuesto de actividades económicas (IAE) a una gran parte de sus actuales contribuyentes. En definitiva, parece que todo se cambia para que lo esencial, los ingresos de las haciendas municipales, siga igual. Pero no es así.
¿De dónde saldrá el dinero para este milagro? Sin duda, de una mayor presión fiscal
En efecto, la exención del IAE al 92% de sus actuales contribuyentes cambia muchas cosas. En primer lugar, supone que un gran número de empresas y los profesionales autónomos van a dejar de contribuir en su municipio, lo que supone una extraña forma de participar en el sostenimiento de la ciudad en la que realizan su actividad. En segundo lugar, a pesar de que se habla de supresión del IAE, las empresas con una facturación anual superior al millón de euros no sólo seguirán sujetas a este gravamen, sino que verán aumentada su contribución en entre el 30% y el 35% más. En tercer lugar, el importe del impuesto que se ahorran los empresarios exentos se convierte en beneficio adicional, sujeto al impuesto de sociedades (35%), mientras que en la situación anterior era un gasto que deducir, y los profesionales, sujetos al sistema de módulos, más que duplicado en el transcurso de los últimos años, verán multiplicar por dos la cifra que antes pagaban por IAE. Y en cuarto lugar, la finta realizada por el Gobierno, si bien no supone en principio un decremento en los ingresos municipales, sí comporta un incremento en los de la hacienda del Estado.
Aparentemente, los exentos de pagar IAE salen beneficiados, aunque algo menos de lo que suponen; la hacienda del Estado resulta igualmente beneficiada, y los ayuntamientos no salen perjudicados. La pregunta es: ¿de dónde va a salir el dinero para hacer posible semejante milagro fiscal? Sin duda de una mayor presión fiscal vía impuestos indirectos. Cuando menos éste ha sido el proceder del Gobierno en todas las ocasiones en las que ha precisado ingresos adicionales para compensar las pérdidas por las rebajas aprobadas en impuestos directos. O lo que es lo mismo: los beneficios de unos pocos serán pagados por todos los ciudadanos.
La nueva ley modifica también el sistema de participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado, el segundo pilar sobre el que se asientan los ingresos municipales. Hasta ahora, los municipios percibían una cantidad de la bolsa común de los ingresos del Estado. A partir del 1 de enero próximo, la cantidad a percibir saldrá de una cesta en la que se mezclan participaciones, en porcentajes diferentes, de los ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales recaudados en cada municipio.
Con el nuevo sistema existen dos cuestiones relevantes. La primera es que, a diferencia de la situación anterior, ahora los ingresos municipales por este concepto dependerán del ciclo económico. La segunda, que también dependerán de la política fiscal del Gobierno de turno, lo que podrá deparar sorpresas como las sufridas por las comunidades autónomas receptoras de un porcentaje de participación en los ingresos estatales por IRPF. En ambos casos, el nuevo sistema supone añadir más incertidumbre a los ingresos municipales, aunque hay que esperar que sea positivo en las ciudades más dinámicas.
El tercer pilar de los ingresos municipales es el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). La nueva normativa propone que los ayuntamientos puedan aprobar bonificaciones de la tarifa a contribuyentes que se encuentren en determinadas situaciones sociales, familiares y personales. Esto va a generar, sin duda, un alud de peticiones a las que los ayuntamientos difícilmente van a poder negarse. En consecuencia, una nueva disminución de los ingresos municipales y un nuevo traspaso de responsabilidades de otras administraciones públicas a la municipal. Debe recordarse, una vez más, que la redistribución de la renta no corresponde a los ayuntamientos, sino principalmente a la administración del Estado. Por otra parte, es de agradecer la sinceridad con la que el Gobierno elude la antigua cláusula, nunca aplicada, de compensar a los municipios por los ingresos perdidos a causa de las bonificaciones que otras leyes establecen.
En definitiva, la reforma de la financiación de los municipios no solventa la cuestión básica: la suficiencia. Tampoco considera cuestiones fundamentales como los gastos adicionales de capitalidad de muchas ciudades o los gastos de suplencia que los ayuntamientos realizan para la prestación de servicios que corresponden a otras administraciones públicas. Se trata, pues, de una ley insuficiente, tanto por no resolver este problema como por quedarse corta en la consecución de un planteamiento global que asegure un horizonte claro y estable para el crecimiento, en dimensión y en calidad, de nuestras ciudades.
Antoni Siurana es alcalde de Lleida y vicepresidente primero de la FEMP.
