LA CRISIS DE CAJASUR | LA POLÉMICA DE CAJASUR
Columna
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Chaves tiene la culpa

"Fue Chaves quien entregó la Caja Provincial de Córdoba a Cajasur, para evitar que cayera en manos de los guerristas". Si esta frase fuera de mi propia cosecha, comprendería que quien tenga la paciencia de leerme diga: "¡ya está otra vez éste metiéndose con Chaves!" Pero resulta que no lo he dicho yo. Lo ha dicho el que entonces presidía la Diputación de Córdoba, de quien dependía la Caja Provincial de Córdoba. Recomiendo la lectura del artículo "La tozudez de los hechos", escrito por Rafael Vallejo el domingo en El Mundo. Luego, si fue Chaves quien hizo perder a la Diputación de Córdoba su condición de entidad fundadora en la Caja que surgió de la absorción de la Provincial por Cajasur, ¿a qué viene ahora toda esta movida? Entonces le convenía entregar la Caja a la Iglesia, y lo hizo sin escrúpulos, motivado por las luchas políticas internas en el PSOE-A. Santa Rita, Santa Rita...

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Claro que Chaves no se manchó las manos en una operación sucia como fue la defenestración del supuesto poder económico de los guerristas en la Caja Provincial de Córdoba. Cuenta el ex socialista Rafael Vallejo que lo hizo por intermediario, al más puro estilo mafioso. Y que su mamporrera fue Magdalena Álvarez (hombre, otra vez la ínclita Magdalena Álvarez); bueno, el término que utiliza Vallejo no es el de "mamporrera", sino el de "ejecutora principal"; el de mamporrera lo utilizo yo, porque lo creo el más apropiado para definir a quien utiliza el instrumento de otro para que este otro consiga su fin.

(Si se me permite el inciso, elucubraré acerca de si dicho mamporreo -tan efectivo como, imagino, doloroso para los guerristas- lo realizó Magdalena entre el viaje gratis total al Caribe y el que realizó al Lejano Oriente, al Japón..., o si fue antes o después de viajar a Rusia, a Londres o a Nueva York, a costa del dinero de todos los contribuyentes. No cabe duda de que semejante dechado de respeto por los bienes y las haciendas ajenas debió planear mejor sus fechorías gracias a la especial inspiración que uno debe sentir en los asientos gran lujo de un avión, sobre todo si el billete no lo paga de su propio bolsillo.)

Como consecuencia de ello, la única entidad fundadora que quedó fue Cajasur. Así lo quiso Chaves, y así es hoy, se pongan como se pongan. Por eso, que ahora pretendan que la voz decisiva sea la de la Diputación de Córdoba resulta un ejercicio de demagogia que, si no estuviéramos ya acostumbrados, provocaría náuseas políticas.

Y no nos engañemos, el problema es que Cajasur (con el poder que le dieron en su día Chaves y Magdalena) se ha mostrado rebelde a la Junta de Andalucía. No se quiere someter a su voluntad. Se resiste a ser un instrumento más en manos de Chaves. (Por cierto, ¿instrumento para qué? Porque llevamos más de un año hablando de Cajas, y todavía no sabemos qué busca el PSOE-A con la pretensión de la Caja Única, salvo, claro, acaparar cuotas de poder -¿y de cuentas corrientes?- de cara a las próximas citas electorales.)

Lo que ocurre es que los andaluces vemos cada vez menos claros los contornos de un contencioso que enfrenta al PSOE-A y al PP-A, a Castillejo y a Magdalena Alvarez. Lo único que sabemos es que la batalla se está volviendo cada vez más cruenta, y que son cada vez más escasas las posibilidades de que haya supervivientes.

Uno de los últimos ataques ha sido la aprobación de un Decreto por la Junta de Andalucía que pretende "resucitar" el carácter de entidad fundadora de la Caja Provincial de Córdoba, que la propia Junta de Andalucía enterró hace casi una década.

No sé, pero yo, que soy Licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, y que aspiro a ser un buen abogado cuando sea mayor, tengo la impresión de que dicho Decreto es, por un lado, inconstitucional, porque contraviene el artículo 9.3 de la Constitución (que prohíbe la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos, y este Decreto claramente lo es), y por otra parte, podría estar hasta rozando los límites del artículo 404 del Código Penal para la prevaricación, como acción de la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria (y este Decreto claramente lo es) en un asunto administrativo.

Pero hay en el artículo de Rafael Vallejo claras insinuaciones que convendría aclarar. Si llamativa resulta la acusación de que la culpa de todo la tienen Chaves y Magdalena Alvarez, no menos llamativa es la insinuación de que la Caja Provincial no se entregó a Cajasur gratis; que hubo "contraprestaciones". Dice Vallejo: "me consta que hubo operaciones políticas y financieras de por medio que lo pueden explicar (por qué Chaves entregó la Caja Provincial a Cajasur), pero son ellos los que deben aclararlo". Fuertes acusaciones que nos traen a la memoria lo peor de la llamada "época dorada socialista", que en realidad fue la etapa más negra de Andalucía (caso Ollero, caso Guerra, Filesa...) Y alguien deberá explicarnos esas "operaciones financieras" que huelen a mangoleta, a trinque y a corrupción.

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