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LA POLÉMICA DE CAJASUR

El PSOE intentará bloquear la aprobación de los nuevos estatutos en la Asamblea de Cajas Sur

Los socialistas quieren conseguir el respaldo de al menos 53 de los 160 consejeros de la entidad

Los nuevos estatutos de Cajasur, que fueron aprobados por su Consejo de Administración el día 3 de diciembre pese a la orden en contra del obispo de Córdoba, Javier Martínez, al presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo y los otros cinco canónigos en el Consejo, aún deben pasar un último trámite. Los estatutos no estarán en vigor hasta que no reciban el visto bueno de la Asamblea General de la caja, que ha sido convocada para tratar este punto el próximo día 28. El PSOE ha empezado a trabajar a para conseguir una minoría de bloqueo, 53 de los 160 consejeros convocados, que frene la aprobación.

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Apenas quince días después de que el Consejo de Administración de Cajasur pidiera adherirse a la Ley Financiera, y por tanto, pasar a la tutela del Ministerio de Economía, Miguel Castillejo presentó al Consejo unos nuevos estatutos con la excusa de adaptar las normas internas de la caja a la nueva ley estatal. En esos estatutos, el presidente de Cajasur proponía elevar considerablemente la presencia del Cabildo Catedralicio en los órganos de gobierno: frente a los seis consejeros que tiene ahora en un Consejo de 17 vocales, planteaba pasar a un Consejo de 14 con siete representantes de la Iglesia. En la Asamblea, la presencia eclesiástica pasará del 35% al 46%.

Castillejo consiguió el 3 de noviembre del Consejo de Administración un amplio respaldo a los nuevos estatutos: de los 17 consejeros, sólo se opusieron los tres representantes del PSOE y el vocal de IU.

Ahora los nuevos estatutos, para ser validados, requieren del visto bueno de la Asamblea General, un órgano que también ha respaldado siempre las propuestas de Castillejo. Pero aquí el reparto de votos está más ajustado y los socialistas han empezado a contactar con todos los consejeros para tratar de evitar la aprobación de los estatutos con una minoría de bloqueo. Una operación que recuerda a la que el PSOE inició, con éxito, para frenar el intento de fusión de El Monte y Caja San Fernando que abanderaban los ex presidentes de ambas entidades, (Isidoro Beneroso y Juan Manuel López Benjumea, sin hacer caso a la renovación de cargos que les imponía la Ley andaluza de Cajas. Los socialistas consiguieron entonces, por dos votos, que un tercio de los consejeros de la Asamblea de Caja San Fernando rechazaron, en junio de 2001, la propuesta de fusión, lo que dio al traste con el proyecto de Beneroso y López Benjumea.

"Esta vez va a ser bastante más complicado, pero lo vamos a intentar", aseguró ayer una fuente del PSOE cordobés. La Asamblea de Cajasur está formada por 56 consejeros designados por el Cabildo Catedralicio, 44 representantes de los impositores, ocho por los trabajadores, otros ocho por la Diputación de Córdoba y 44 consejeros por los municipios.

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Según las cuentas que maneja el PSOE, los socialistas e Izquierda Unida (que están en las mismas tesis y tienen un acuerdo para el sistema financiero andaluz) tienen asegurados seis de los ocho votos de la Diputación y 32 de los 44 representantes municipales. Los socialistas cuentan también con que dos representantes andalucistas (el PA y el PSA han apoyado en el Parlamento andaluz presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Financiera) se sumen al rechazo a los nuevos estatutos.

El PSOE cree, pues, que junto al voto de dos de los representantes por los trabajadores (el sindicato mayoritario defiende a ultranza a Castillejo), tiene ya asegurados 42 votos en la Asamblea. Pero aún está muy lejos de la minoría de bloqueo que marca la Ley. Para aprobar los nuevos estatutos, Castillejo requiere el respaldo de dos tercios de los consejeros asistentes. Es decir, si acuden todos a la reunión, los socialistas necesitarán aglutinar el apoyo de 53 consejeros, que además deberán emitir su voto en público.

Fuentes socialistas confían en que la censura del obispo de Córdoba a Castillejo persuada a algunos de los representantes de los impositores y del Cabildo Catedralicio para rechazar los nuevos estatutos.

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