Los populares rechazan ahora pedir a la juez el libro de cuentas de Mercalicante
La comisión especial creada por el Ayuntamiento para investigar el escándalo financiero en la sociedad de capital público Mercalicante, de la que se han esfumado unos seis millones de euros, se cerrará el día 19 sin conocer dos elementos claves para el esclarecimiento de los hechos que dejaron a la firma en situación de quiebra técnica: el libro de contabilidad de la empresa y la cuenta de gerencia.
A pesar de que el PP, con mayoría absoluta en dicha comisión, se comprometió a cursar al juzgado una petición para acceder a los documentos contables de la sociedad, la edil popular María Teresa Revenga aseguró ayer que los servicios jurídicos municipales "han desaconsejado interferir en la labor de la justicia". La concejal, que preside la comisión de investigación, dijo: "Si otros quieren pedir la contabilidad que lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer".
El Juzgado de Instrucción 1 de Alicante mantiene en su poder la contabilidad de la sociedad en el marco de las diligencias que abrió contra el ex gerente de Mercalicante por los delitos de apropición indebida y administración desleal.
Blas Bernal, portavoz socialistas, lamentó que la comisión se cierre sin conocer esos "datos esenciales". A su juicio, se pierde una gran ocasión para demostrar que el gobierno local utilizó fondos de Mercalicante para financiar algunas actividades municipales. Bernal indicó ayer que analizará con Esquerra Unida la posibilidad de pedir los papeles al juzgado.
Revenga sí ha cursado la petición de comparecencia en la comisión de investigación a los directores generales de las consejerías de Agricultura y Comercio y a un alto cargo de Sanidad en Alicante, José Luis Ortuño, quien, supuestamente obtuvo el patrocinio de Mercalicante en una carrera de coches. La edil popular aseguró ayer que las tres personas citadas han aceptado y mañana declararán en la penúltima sesión de la comisión. Las comparecencias de los altos cargos de las mentadas consejerías fueron inicialmente solicitadas por la oposición, ante las sospechas de que las subvenciones que ambos organismos concedieron a Mercalicante no se controlaron.
Por otro lado, la empresa estatal Mercasa, que participa en un 48,3% en el accionariado de Mercalicante ha acordado su personación como perjudicada en la causa judicial contra el ex gerente de la sociedad mixta.
La comisión municipal sobre Mercalicante se cerrará el día 19 con un dictamen que, en el apartado de responsabilidades políticas, se adelantó incluso antes de que comenzaran las sesiones: el PP, que controla la empresa -el alcalde es el presidente del consejo de administración y de la comisión ejecutiva-, niega vinculaciones políticas en el escándalo; la oposición, en cambio, cree que Alperi es el máximo responsable de la quiebra de la empresa. "No vamos a exculpar al ex gerente, pero creemos que éste no es el único responsable del agujero en la sociedad", sostiene Bernal. Paradógicamente no ha sido el alcalde el peor parado en este escándalo, sino el concejal de Comercio y vicepresidente de Mercalicante, Juan Zaragoza. Éste llegó a admitir: "Quizá no nos enteramos a tiempo" del agujero económico.
