Los expulsados califican a Miguel Florencio de "sheriff corrupto borracho de poder"

Los cinco estudiantes que el pasado miércoles fueron expulsados cinco años de la Universidad de Sevilla por su participación en el asalto al rectorado el pasado 8 de febrero cargaron ayer con dureza contra el rector de Sevilla, Miguel Florencio. Los expulsados acusaron al rector de haber actuado como "un sheriff corrupto borracho de poder", de imponer "sus criterios para amedrentar con su resolución al colectivo de universitarios" y evitar que los estudiantes discrepen. Los estudiantes protestarán mañana a las puertas del rectorado. Florencio se negó a responder a las declaraciones de los alumnos.

Juan José García, María de la Luz Domínguez, Ricardo Martín y Adán Valenzuela, cuatro de los cinco expulsados, reiteraron que el proceso disciplinario que desembocó en su expulsión por cinco años ha estado viciado de inicio y plagado de irregularidades, hecho que denunciarán en el recurso que por la vía de lo contencioso administrativo presentarán antes de dos meses.

"El proceso ha estado basado en un normativa preconstitucional de 1954 que no permite presentar pruebas en nuestra defensa ni contradecir aquéllas que sirven para inculparnos", explicó María de la Luz Domínguez, que añadió que según la ley 30/92 -que rige los procedimientos administrativos- no se habrían cumplido los plazos fijados para resolver el proceso. "Con la ley en la mano, el expediente había caducado hace cuatro meses", afirmó la estudiante expulsada, que acusó al rector de haberles tomado como "cabezas de turco" para imponer "un castigo ejemplarizante".

Los estudiantes resaltaron que, "en la práctica", la expulsión de cinco años impuesta por el rector de Sevilla "sólo sirve para maquillar la perpetuidad de la sanción" ya que, aseguraron, "nos deja fuera de la Hispalense hasta el curso 2008-2009". También mostraron su rechazo a que la sanción aneja impuesta por Florencio les haya hecho perder el curso pasado, "pese a que ya teníamos asignaturas aprobadas que figuraban en el acta", apuntó Juan José García.

García acusó al rector de abuso de poder al haber obviado las numerosas peticiones realizadas desde la comunidad universitaria en favor de su readmisión. Así, recordó que el Consejo de Alumnos de la Hispalense (CADUS) solicitó al rector la readmisión inmediata de los estudiantes cuando éstos cumplían su décimo mes apartados de las clases.

"Al rector sólo le importa el coste de las puertas deterioradas y que hechos similares no se produzcan nunca más", dijo Antonio Rodríguez, abogado de dos de los expulsados, que aseguró desconocer los motivos por los que el proceso penal abierto por este asunto se encuentra paralizado en estos momentos.

Por su parte, Carmen Yuste, miembro del Movimiento de Acción y Participación Universitaria (MAPU), criticó la "persecución política" emprendida por Florencio. "Si la sanción es un aviso a navegantes para instaurar aún más represión, el rector debe saber que no le ha servido para nada", dijo Yuste, que anunció que el MAPU apoyará todas las movilizaciones que en favor de la readmisión de los estudiantes, como la recogida de firmas que ya se lleva a cabo. El MAPU convoca mañana a una concentración de protesta por las expulsiones en la puerta del rectorado de la Hispalense.

También Vicente Manzano, profesor de la Facultad de Comunicación, mostró su apoyo a los expulsados y lamentó que "la Universidad quiera hacer todo el daño posible a los alumnos al amparo de la ley". Manzano aseguró que la actuación de Florencio ha provocado malestar entre algunos docentes.