El juez rechaza que dos aseguradoras afronten la fianza de los implicados en el 'caso funeraria'

José Luis Quesada Varea, el juez que instruye el caso funeraria [privatización por el Ayuntamiento de parte de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios] ha rechazado que compañías aseguradoras contratadas por el municipio hagan frente a la responsabilidad civil fijada contra el actual diputado regional Luis María Huete y el edil Antonio Moreno. De no haber un recurso que modifique esta decisión del juez, los implicados en este asunto -los dos citados, además del concejal Simón Viñals, todos del PP- deberán afrontar conjuntamente una fianza de nueve millones.

El juez Quesada Varea, en una providencia de fecha 29 de noviembre pasado, establece que "no procede hacer la declaración que se solicita", es decir, que las compañías aseguradoras contratadas por el Ayuntamiento de Madrid afronten la fianza por responsabilidad civil fijada en nueve millones de euros en total. Aunque el juez permite que los implicados ejerzan las "acciones civiles" que consideren oportunas contra las compañías aseguradoras, es probable que éstos deban hacer frente a esta cantidad mediante su patrimonio personal, según el grupo municipal del PSOE.

El 13 de noviembre pasado, la aseguradora Winterthur envió un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazando hacerse cargo del pago de la fianza exigida a los tres implicados en el caso funeraria. Winterthur argumentaba que las pólizas suscritas por el Consistorio con esta compañía tienen como objetivo cubrir las responsabilidades de los concejales frente a terceros derivadas de "los típicos accidentes". Con ello, la empresa considera que los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] de los que se acusa a los tres concejales no están cubiertos por la póliza, y que, por tanto, no está obligada a correr con los gastos de la fianza.

La aseguradora alega además que el seguro de responsabilidad civil es "tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los perjudicados". Pero en éste caso, según Winthertur, el pago de la fianza está destinada tanto a proteger el patrimonio de los tres acusados, que se ahorrarían la fianza, como a proteger a los perjudicados (los madrileños, puesto que son fondos públicos) con el dinero de la fianza. De modo que al tener que cubrir la póliza ambas cosas, el seguro no está obligado a pagar.

El abogado José Mariano Benítez de Lugo, representante del grupo municipal socialista, señala que el artículo 4.4 de las condiciones generales de la póliza de Winterthur dice que quedan excluidos del seguro los daños "derivados de la comisión intencionada de un delito o falta por el mismo". Benítez de Lugo recuerda que "los delitos por los que están imputados los concejales Viñals y Moreno y el diputado Huete son delitos dolosos y no culposos.

Por otra parte, la póliza de la Unión y el Fénix Español aportada por el concejal Viñals "cubre la eventual responsabilidad civil de los consejeros y directivos de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios por su condición de tales", mientras que en este caso la responsabilidad penal que se le imputa a ese edil procede de su cargo de concejal de Sanidad, según el PSOE.