El Consell da carpetazo a la fusión de Bancaixa y la CAM y explora alianzas en otras regiones

La diligencia de la Generalitat a la hora de adaptar la ley de cajas de ahorro a las disposiciones recogidas en la ley financiera de ámbito estatal publicada el pasado 22 de noviembre entraña la renuncia definitiva al acariciado proyecto de constituir una gran entidad financiera netamente valenciana a través de una fusión entre Bancaixa y la CAM. La premura en la redacción del nuevo texto va encaminada a facilitar las alianzas de las dos grandes cajas valencianas con entidades de otras regiones, una opción que tanto Bancaixa como la CAM se han apresurado a celebrar.

El anteproyecto de ley sobre cajas de ahorro aprobado por el Consell el pasado martes traslada textualmente las novedades sobre alianzas estratégicas en el seno de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y calca las disposiciones relativas a una posible fusión, en las modificaciones previstas del artículo 13 del actual texto refundido que regula la actividad de las entidades financieras.

Una alta fuente de la Generalitat confirma que el sueño de constituir un poderoso grupo financiero valenciano a partir de la fusión entre Bancaixa y la CAM "está completamente descartado".

La irrupción de la Generalitat en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro a través de la última modificación de la ley en 1997 perseguía alentar esa fusión. La presencia pública en las cajas estaba restringida hasta entonces a representantes municipales en igualdad de condiciones que los impositores o representantes de los ahorradores.

La Generalitat se atribuyó entonces un porcentaje del 28% en la asamblea, el mismo que quedó fijado para ayuntamientos y ahorradores. Pero a pesar de su notable influencia sobre el gobierno de Bancaixa y la CAM, la fusión nunca prosperó. Las dos entidades apenas han acordado compartir ciertas inversiones en proyectos impulsados por la Generalitat como embrión de una corporación financiera.

El anteproyecto de ley aprobado por el Consell mantiene el máximo de presencia pública fijado en 50% de la asamblea por la nueva norma estatal. Después de todo, las posibles fusiones con cajas de otras regiones deben ser aceptadas tanto por los respectivos gobiernos autonómicos como por las asambleas generales de las entidades.

Las novedades recogidas en el anteproyecto ponen especial enfásis en la supervisión por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de "las deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad". También aluden taxativamente a la gravedad de obtener autorización del IVF para determinadas operaciones "mediante declaraciones falsas".

Las entidades que operen en territorio valenciano deberán trasladar al IVF sus estados de cuentas y volumen de operaciones cada trimestre.

La Generalitat pretende que las cajas de otras comunidades autónomas que operen en territorio valenciano reviertan parte de los recursos captados en distintas obras sociales en la Comunidad Valenciana y así lo recoge en el anteproyecto que tramita en la actualidad. Pero la Confederación Española de Cajas de Ahorro ha deslizado los problemas que lleva aparejada tal disposición, sobre todo si no se extiende al resto de autonomías.

La Junta de Andalucía ya ha anunciado que renunciará a la posibilidad de regular las denominadas cuotas participativas en su legislación autonómica. La Generalitat, por contra, calca la regulación estatal que prevé la captación de recursos por parte de las cajas a través de la venta de unas acciones que no generan derechos políticos y que, formalmente, van dirigidas a pequeños inversores.

El anteproyecto del Consell también traslada como requisito para ser consejero general de una caja de ahorro la "reconocida honorabilidad comercial y profesional". Un consejero en ejercicio lamenta la vaguedad de la fórmula y sugiere que deberían acotarse ciertas condiciones profesionales para evitar que los órganos de gobierno de las cajas de ahorro sean meramente representativos e incapaces de supervisar la gestión de los ejecutivos correspondientes por falta de capacidad técnica.

La Generalitat, finalmente, opta por los márgenes más dilatados que prevé la ley estatal a la hora de regular la duración de los mandatos de las asambleas de las cajas y los eleva a seis años.

La adaptación de las asambleas de las cajas valencianas a la nueva distribución de representantes prevista por la Generalitat se producirá en la primera renovación parcial prevista en septiembre y octubre de 2003, según recoge una disposición adicional transitoria del anteproyecto. La reducción de los porcentajes de representación previstos para la Generalitat y los municipios provocará la salida "por sorteo" de algunos representantes de tales instituciones.

De forma excepcional, para ajustar las renovaciones a los periodos previstos por la nueva ley, los miembros de los órganos de gobierno elegidos en el proceso que concluyó en enero de 2002 ampliarán un año su mandato hasta enero de 2007.