Pujol somete a las cajas a un régimen de 'libertad vigilada' para controlar La Caixa

La Generalitat ha dictado una resolución para taponar todos los resquicios que pudieran permitir a Josep Vilarasau continuar en la presidencia de La Caixa o participar en la elección de su sustituto. Amparándose en el "ejercicio del protectorado público de las cajas", el Gobierno de Jordi Pujol ha optado por un intervencionismo sin precedentes, que sitúa a las entidades de ahorro en un régimen de libertad vigilada. La resolución limita los posibles sustitutos del presidente y obliga a las cajas a comunicar hasta las convocatorias, órdenes del día y actuaciones de sus consejos.

Las "instrucciones" (así se autodefinen) de la Dirección General de Política Financiera son de un detallismo infrecuente. Encorsetan cualquier decisión autónoma de las cajas. Y plasman la creciente desconfianza del Gobierno catalán en sus consejos. Sobre todo en el de La Caixa, la tercera entidad financiera española, a quien se dirige esta legislación a medida, como si en el Ejecutivo hubiera cundido el pánico ante la capacidad de respuesta de su presidente, Josep Vilarasau.

La resolución, que fue recibida por los presidentes de las cajas catalanas a finales del pasado noviembre, establece que en el plazo de 15 días las cajas han de comunicar quiénes son los consejeros afectados por los límites establecidos en el proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno catalán, publicado el pasado 16 de noviembre.

Ese proyecto establecía que no podrían ser elegidos consejeros "los que hubieran ejercido durante más de veinte años, en la misma u otra caja, los cargos de miembros del consejo de administración o de director general. A estos efectos, se acumulará el tiempo de ejercicio en ambos tipos de cargo aunque no se hubiesen ejercido continuadamente". Una medida redactada exprofeso contra el actual presidente de La Caixa, quien fue director general durante 23 años y lleva tres en la presidencia.

El problema para el Gobierno catalán era que esta norma no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero y temía que el límite de los 70 años para ser consejero establecido por la ley española, por inspiración de CiU, era insuficiente. La ley española remite a la legislación catalana, que no entra en vigor hasta 2003. Buscaba, pues, cómo inmovilizar cualquier iniciativa del consejo de La Caixa entre el 23 de noviembre y el 31 de diciembre de 2002, que es el periodo de vigencia de la norma ad hoc

El régimen intervencionista de excepción de las demás instrucciones es ilustrativo: "La convocatoria de sesiones de los órganos de gobierno en los que se tenga que tratar asuntos relativos al cese o nombramiento de cargos se ha de poner en conocimiento de esta dirección general con carácter previo a su celebración y con indicación del orden del día". También hay que comunicar "el cese de altos cargos por cualquier causa, con la máxima celeridad posible".

La instrucción jurídicamente más dudosa establece que "las vacantes producidas han de ser cubiertas de la forma normativamente establecida, habiéndose de comunicar con la mayor celeridad posible el correspondiente nombramiento a esta dirección general. Si la vacante afecta al cargo de presidente, ha de ejercer sus funciones uno de los vicepresidentes, por orden, o en ausencia de estos, el vocal de más edad de acuerdo con el decreto legislativo 1 /1994". Resulta dudosa, porque con una mera resolución firmada por un director general se pretende neutralizar durante un mes largo la ley estatal vigente entre el 23 de noviembre y el 31 de diciembre de 2002, que no establece ninguna de estas condiciones limitativas de la autonomía de las cajas.