Una empresa cede al cuartel de Santa Pola cámaras de vigilancia
Interior no dispone de fondos para financiar el sistema de seguridad a pesar del atentado
El cuartel provisional de la Guardia Civil de Santa Pola, establecido en una nave industrial tras el atentado de ETA del pasado mes de agosto, dispone de cámaras de vigilancia exterior gracias a la donación de una empresa privada. El Ministerio de Interior no dotó a las instalaciones de este sistema de protección por falta de presupuesto. Por otra parte, los agentes cobrarán hasta un 40% menos por los daños materiales tasados por peritos oficiales tras el atentado.
El cuartel provisional de la Guardia Civil de Santa Pola, que se ha trasladado a las afueras de la localidad tras el atentado de ETA del pasado 4 de agosto, dispone de un servicio de seguridad de videocámaras gracias a la cesión realizada por una empresa privada, según informaron fuentes cercanas al Instituto Armado.
En el cuartel, ubicado en una nave industrial que ha cedido un empresario local y que será inaugurado en los próximos días, no estaba previsto la instalación de este sistema de seguridad. La ubicación temporal de este acuartelamiento y "el corto presupuesto" destinado por el Ministerio del Interior no hacían viable la instalación de este sistema, considerado "vitales", según confirmó un oficial de la Benemérita.
Esta situación hacía que el resto de sistemas se seguridad aplicados en la nueva instalación, con la colaboración de la Policía Local de Santa Pola, fueran de una "eficacia limitada". La instalación de videocámaras es importante en cuarteles que no cuentan con un número suficiente de agentes encargados de la vigilancia y control externo del recinto.
A pesar de ello, y una vez corregida esta anomalía de manera altruista, los agentes consideran que las instalaciones provisionales "son muy seguras". El nuevo cuartel de la Guardia Civil no estará operativo hasta dentro de 13 meses con todos los sistemas de seguridad necesarios, según funtes de Interior.
Por otra parte, fuentes del cuerpo denunciaron su sorpresa por la cantidad exacta que iban a percibir del Estado por los daños daños materiales sufridos en el atentado. Los agentes, que perdieron mobiliario y pertenencias en la explosión del coche bomba, no percibirán en muchos casos ni el 40% de la tasación oficial.
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