El consejero de Agricultura pide ante el ministro voz propia en la UE

El consejero vasco de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáenz de Samaniego, polemizó ayer con el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, al reprocharle en un acto público que el Ministerio de Agricultura no representa "debidamente" al País Vasco en la UE. Frente a esta queja, Arias Cañete le replicó que "la interlocución directa está garantizada por el Gobierno" central.

Sáenz de Samaniego aprovechó la presencia del ministro en Vitoria en unas jornadas sobre el Libro Blanco de la Agricultura, para denunciar la "falta de voluntad política clara del Ministerio [de Agricultura] para resolver satisfactoriamente los distintos asuntos que, en estos momentos, afectan y enturbian nuestro marco competencial de actuación".

En relación con la Política Agraria Común (PAC), el consejero vasco criticó la "falta de aplicación real" del principio de subsidiariedad hacia las regiones y opinó que esta "carencia" podría mejorarse "sustancialmente" dentro de un marco de colaboración "más adecuado" con el ministerio. Samaniego reclamó tener "interlocución directa" en Europa para defender una PAC que posibilite "un reparto más justo de los fondos comunitarios de apoyo". Advirtió de que "nunca podremos sentirnos debidamente representados por el ministerio", por lo que anunció la intención del Ejecutivo vasco de "no renunciar a trasladar directamente sus planteamientos a Bruselas".

Por su parte, el ministro Arias Cañete respondió que "la interlocución directa está garantizada por el Gobierno de la Nación" y afirmó que "hay muchos comités de gestión en los que las comunidades autónomas pueden participar junto con el Gobierno de la Nación en la definición de esta voluntad colectiva". "Este es un proceso que está funcionando razonablemente bien", incidió.

En relación con la intención del consejero de llevar directamente sus propuestas a la UE, el ministro señaló que Euskadi "ya tiene experiencia de que cuando se va a Bruselas fuera de los cauces establecidos en la UE, los expedientes normalmente quedan paralizados, y luego el Gobierno tiene que ser el que los relance".