Acebes afirma que hay "una desaceleración de la delincuencia"

El ministro del Interior, Angel Acebes, afirmó ayer que la implantación del Plan de Choque contra la inseguridad ciudadana que diseñó el Ejecutivo el pasado septiembre y se aplica de forma progresiva desde octubre ha producido "una desaceleración generalizada de la delincuencia", que cifró en "un 3% en determinadas ciudades". Además, Acebes precisó que las Fuerzas de Seguridad han desarticulado 500 redes dedicadas fundamentalmente al tráfico de inmigrantes, al narcotráfico y a delitos contra la propiedad, y han detenido a 1.671 personas.

Acebes hizo estas declaraciones durante un receso de la reunión que mantuvo en la sede de su departamento con todos los delegados y subdelegados del Gobierno para coordinar políticas de seguridad e inmigración.

El titular de Interior destacó que la "desaceleración" se ha producido especialmente "en los delitos que más preocupan a los ciudadanos", como los relativos al patrimonio.

El ministro recordó que antes de finalizar 2002, las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado dispondrán de 5.462 policías y guardias civiles más; explicó que estos efectivos pertenecen a la promoción reforzada de 2001 y anunció que serán distribuidos en función de las necesidades operativas. Precisamente, para conocer las necesidades policiales de las distintas provincias y la problemática delictiva de las mismas, anunció la redacción de una instrucción dirigida a todos los delegados del Gobierno para que "semanalmente" rindan cuentas de la evolución del Plan de Choque en sus respectivas demarcaciones con el fin de establecer "en tiempo real" los "objetivos prioritarios" y "corregir" posibles disfunciones.

Preguntado sobre la posibilidad de que la reforma de la Ley de Extranjería establezca un plazo de tres días para que los jueces ordenen la expulsión de inmigrantes irregulares, como adelantó EL PAÍS, reconoció que su departamento estudia la redacción del articulado. Además, se mostró partidario de "adoptar plazos" para dotar a los procedimientos de expulsión de "la mayor seguridad jurídica posible".