Cataluña no va mejor, va peor
Una de las percepciones más generalizadas en este país, reproducida acríticamente por grandes sectores mediáticos próximos a los gobiernos conservadores de Cataluña y de España, es que "España va bien y Cataluña incluso va mejor". En un par de artículos sobre la educación en el resto de España (9 de octubre de 2002) y en Cataluña (31 de octubre de 2002) cuestionaba este optimismo documentando que la educación en España no va bien y en Cataluña va incluso peor, y ello como resultado de los escasos recursos públicos que tanto el Gobierno central como el catalán asignan a la educación; en este caso, la aportación pública catalana es incluso menor que la española. Como era predecible, el Gobierno de la Generalitat, a través del secretario general de su Departamento de Educación, Ramon Farré, se apresuró a responder (18 de noviembre de 2002) para reasegurar al lector que, en contra de lo que mostraban mis datos, la educación en España va muy bien y en Cataluña va incluso mucho mejor; negaba que las estadísticas que utilicé sean las más adecuadas para mostrar la situación en Cataluña, y las sustituyó por otras que Farré cree que cuestionan mis conclusiones. De ahí que titule su artículo Educación y estadísticas. Veamos.
En respuesta a los datos que proveí documentando que Cataluña es una de las comunidades españolas que gasta menos en educación pública (medida, entre otros indicadores que también presenté, por el gasto público educativo como porcentaje del PIB catalán), Farré indica que tal indicador no es correcto para medir el compromiso político de la Generalitat (la autoridad máxima en educación en Cataluña) con la educación pública puesto que tal indicador "penaliza a Cataluña por ser una comunidad más rica". Encuentro esta explicación sorprendente, pues parece asumir que la educación catalana está financiada por el Gobierno central, que da la misma cantidad de dinero a todas las comunidades autónomas, con lo cual tal cantidad, para las comunidades más ricas como Cataluña, representaría un porcentaje menor de su PIB. Pero Farré sabe que esto no es así. En realidad, desde mediados de la década de 1980 la Generalitat tiene plena potestad sobre la financiación y el gasto público educativo, y por tanto el porcentaje del PIB catalán que se gaste en educación depende primordialmente de la voluntad política de la Generalitat. El hecho de que sea una comunidad más rica debería determinar precisamente un mayor porcentaje del PIB en educación puesto que en la UE los países más ricos gastan, en general, un porcentaje mayor de su PIB en esta materia. La Generalitat, sin embargo, gasta menos que otras comunidades españolas y países europeos de igual o incluso menor desarrollo económico. Además de un gasto público menor, el Gobierno conservador catalán da prioridad claramente a las escuelas privadas (pagando los subsidios más altos de España) a costa de la escuela pública (que tiene los gastos más bajos de España), con lo cual se está dañando la calidad educativa de la mayoría de la ciudadanía que pertenece a las clases populares y acude a las escuelas públicas.
Una consecuencia es que (tal como documenté en mi artículo) el conocimiento académico de los estudiantes en primaria y secundaria en Cataluña y el resto de España es menor que el promedio en la UE y en la OCDE, y que el conocimiento de los catalanes es menor que la media española. Farré reconoce esta realidad como cierta, excepto en lo que respecta a la inferioridad catalana frente al promedio español, con lo cual él está en desacuerdo, y cita el informe PISA como prueba de que los conocimientos de los estudiantes en Cataluña es superior al promedio español. Farré parece desconocer, sin embargo, que el informe PISA, que compara el nivel de conocimiento académico de los países de la OCDE y que muestra que el promedio español está por debajo de la media de aquellos países, no hace ninguna referencia a Cataluña porque ésta no está incluida en el estudio. Por tanto, de tal estudio no puede derivarse tal conclusión de superioridad de la educación catalana.
El estudio que sí ha comparado el conocimiento académico de los estudiantes de distintas comunidades autónomas es uno realizado en España en 1997 (que Farré ignora), que muestra que en Cataluña estamos por detrás, y no por delante, del promedio español. En realidad, tal estudio no se ha efectuado de nuevo, como resultado de las presiones políticas de la Generalitat y su influencia sobre el Gobierno conservador español.
Por último, Farré, en su intento de mostrar que España invierte también por encima de la media europea, señala que España ofrece más horas lectivas por año que Alemania, Francia, Bélgica y Dinamarca. Farré hace caso omiso no sólo de los datos que presenté en mis artículos, sino de otros datos más recientes que los que él aporta. La última información sobre tiempo lectivo por año para los países de la OCDE, Education at Glance 2002, muestra (pág. 350) que en el año 2000 el número de horas lectivas por año en España (564 horas en secundaria, por ejemplo) es mucho menor que en Alemania (733), Bélgica (858), Francia (639) y Dinamarca (644). Esta pobreza de recursos aparece también en la infraestructura, y España es uno de los países de la OCDE con menos ordenadores por estudiante (pág. 302), y más estudiantes por clase de secundaria en las escuelas públicas (pág. 292).
Farré termina señalando como prueba de éxito el que la gran mayoría de la ciudadanía muestra satisfacción con los profesores y centros educativos en Cataluña. Es natural que la gran mayoría de la ciudadanía esté satisfecha con el profesorado -que hace una labor inmensa a pesar de la escasez de recursos-, pero esta misma mayoría señala que Cataluña debería invertir más en educación. Esta percepción sería incluso mayor si la Generalitat tuviera mayor transparencia en su contabilidad y permitiera mayor debate y crítica en los medios de persuasión (televisión y radios públicas) en Cataluña sobre los que ejerce un control férreo intentando mostrar que España va bien y Cataluña va mejor. En educación los datos muestran lo contrario.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.
