Un apagón alumbra la actualización de tarifas

Ha hecho más un apagón en Buenos Aires que las presiones de las concesionarias y del FMI. El Gobierno Duhalde, once meses después de la pesificación de las tarifas de servicios públicos, se dispone a aprobar un incremento de las mismas. Las empresas españolas afectadas consideran insuficiente la subida que se baraja, pero reiteran su voluntad de ayudar a resolver los problemas que vive Argentina.

El apagón que sufrió el domingo pasado un tercio de la población argentina revela la necesidad de inversión en infraestructuras

Una subida del 10% no compensa los perjuicios derivados de la pesificación de tarifas, la devaluación del peso y la inflación de 11 meses

El aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados es inminente, según reconocía el presidente Eduardo Duhalde. Las operadoras adviertieron de que la congelación de precios, decretada en enero, produciría un deterioro de la infraestructura que finalmente terminó ocurriendo.

El pasado domingo, cuando el calor primaveral agobiaba y estaba por comenzar el derby entre el Independiente y el Boca Juniors por la definición de la liga local, un tercio de los 36 millones de habitantes soportó un corte de electricidad que duró cuatro horas. El fallo se originó por una explosión en una estación de transporte de electricidad de la compañía Transener, propiedad de la local Pérez Companc y de la británica National Grid. Los clientes de Edesur, la distribuidora de Endesa en Buenos Aires, sufrieron el apagón.

El ente regulador del sector eléctrico impuso una multa de dos millones de pesos (557.000 dólares) a Transener. Los funcionarios del Gobierno de Duhalde descartaron la posibilidad de que el accidente haya sido intencional, un método de las empresas para presionar por el incremento de tarifas. De todos modos, ordenaron una investigación. "Si uno mantiene una tarifa congelada, con una cantidad de costes que necesariamente están creciendo, estamos anunciando un futuro de cortes", razona el secretario de Energía, Enrique Devoto, pese a que su Gobierno viene postergando la subida desde principios de año. Duhalde pretendía evitar que el alza de tarifas encendiera aún más la inflación (40% en lo que va de año) en un país con 53% de pobres.

Las compañías privatizadas aducen que cobran el mismo precio que en diciembre, antes de la devaluación del 71% del peso, y deben pagar deudas en dólares que contrajeron en el exterior porque sólo allí conseguían la financiación adecuada para sus inversiones en infraestructura. También se quejan de que sus valores se congelaron mientras crecían otros de incidencia directa sobre la población más indefensa: el aceite (194%), el arroz (146%), la harina de trigo (202%) y la leche (75%). La falta del aumento de tarifas y de una negociación de la deuda externa está entorpeciendo un acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confiesa un alto funcionario de Naciones Unidas.

Lavagna lo sabe bien y por eso prometió una pronto solución durante su gira de esta semana por Francia, Alemania, Italia, Vaticano y España. La mayoría de las privatizadas está en manos europeas. El ministro asegura que ya está preparado el decreto para elevar mañana los precios del gas (7%), la electricidad (9%) y la telefonía (12%). Se creará una tarifa social, congelada, para el 42% de la población más pobre.

Una vía excepcional

El Gobierno pretendía seguir el procedimiento normal para el aumento de tarifas y para ello convocó a audiencias públicas en septiembre y noviembre, pero la Justicia las suspendió a petición de las organizaciones de consumidores. Los representantes de los usuarios consideran que sólo pueden incrementarse los valores cuando se revisen los contratos de privatización y se establezca en qué medida las empresas cumplieron con las inversiones y la calidad prometidas. El Ejecutivo buscó entonces que el Congreso subiera las tarifas por ley, pero los legisladores se muestran renuentes a sancionar una medida tan impopular. Duhalde optó finalmente por la herramienta del decreto, que corre el riesgo de quedar obstaculizado por las organizaciones de consumidores en los tribunales.

El Gobierno planea una subida escalonada: una parte en diciembre y la otra el año próximo, cuando se negocien los contratos. Hace unos meses, las empresas habían pedido al Gobierno alzas muy superiores a las concedidas. Por ejemplo, Telefónica exigía un 34,6%; Edesur, un 35,4%; Metrogas (participada por Repsol YPF), un 66,8%; y Aguas Argentinas (Aguas de Barcelona), un 42%. El FMI tomó en cuenta estas aspiraciones y exige un 30%.

Las matrices españolas de las empresas argentinas afectadas, en vísperas de la visita del ministro Lavagna a Madrid, el pasado sábado, coinciden en valorar como insuficientes los aumentos de tarifas propuestos, aunque señalan que cualquier paso hacia una normalización en el desarrollo de su actividad, y éste puede serlo, es positivo. Todas se muestran comprensivas con la situación que vive Argentina y con las dificultades que afronta su Gobierno y manifiestan su voluntad de ayudar.

El Grupo Agbar, que participa en tres concesionarias de servicios de agua y saneamiento en Argentina (Aguas Argentinas, Aguas Provinciales de Santa Fé y Aguas Cordobesas), señala que "no se ha autorizado hasta el presente ningún aumento de tarifas ni se ha concedido ninguna facilidad financiera para compensar los perjuicios económicos originados por la Ley de Emergencia Nacional de diciembre de 2001, ni la inflación habida en el país durante los últimos 11 meses". Sobre el citado posible aumento de un 10% en las tarifas, agregan, "hay que considerarlo, en cualquier caso, muy insuficiente".

Gas Natural, que adquirió en 1992 la argentina Gas Natural Ban, insiste en que los porcentajes de incrementos que se han barajado en los últimos días para estos servicios "no cubren el impacto de la pesificación de las tarifas y de la devaluación del peso", pero quiere mostrarse positivo y señala que, en cualquier caso, una revisión de las tarifas es un paso en la buena dirección para retornar a la normalidad y para recuperar parte, al menos, de las pérdidas generadas por esta situación.

A Repsol-YPF sólo le afecta indirectamente, en estos momentos, la revisión de las tarifas del gas. "Nos repercute en los precios del gas en cabeza de pozo", señala, "porque los distribuidores cuentan con menos ingresos y también pesifican los suministros de gas que adquieren". "Nos pasan la patata caliente". Los precios del gas en cabeza de pozo han caído en torno a un 49%, señala. Recuerda, asimismo, en Repsol-YPF, que Metrogas, compañía argentina en la que este grupo contaba con una participación financiera, suspendió pagos hace meses ("su contribución a nuestro resultado operativo es cero y ya no figura entre nuestras participadas") al no poder hacer frente al pago de sus deudas como consecuencia de esta situación. Reitera, sin embargo, su disposición a contribuir a una normalización de la economía argentina, pero advierte que la subida de tarifas debería ser suficiente, al menos, para asegurar las inversiones nuevas en infraestructuras y así evitar problemas mayores de desabastecimiento.

Un marco estable

En Endesa, que controla la distribuidora eléctrica Edesur, se recuerda que invirtieron en moneda fuerte, dólares y euros, y que planificaron su financiación en torno a unas tarifas dolarizadas que acompañaban a la concesión de estos servicios. La pesificación de las tarifas y la devaluación de la moneda argentina respecto al dólar ha desbaratado todos los cálculos iniciales. Hoy las tarifas son aproximadamente el 25% de las originalmente previstas. Los incrementos de tarifas sobre los que se está especulando son claramente insuficientes, indican en Endesa, no sólo para compensar los quebrantos derivados de esas medidas sino, lo que es peor, "para asegurar la viabilidad de este servicio público". El grupo español se muestra dispuesto a colaborar e incluso a contribuir a una normalización de la situación, y en este sentido advierte de que tan importante o más que el porcentaje concreto que finalmente se acuerde para el incremento de tarifas es el retorno a una regulación estable que facilite el desarrollo y la planificación de este negocio. Tarifas y medidas que aseguren la viabilidad de las empresas de servicios públicos, no sólo de las eléctricas, que pueden ir acompañadas de medidas socialmente aceptables en la delicada situación actual de Argentina.