¿Menos impuestos para quién?
Se ha iniciado la campaña electoral, todavía muy alejados de la cita, con un eslogan que habla de "menos impuestos", amparado en una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se inició con el proyecto aprobado en diciembre de 1998 y que tiene su continuidad ahora en la ley que seguramente recibirá el visto bueno del Congreso de los Diputados esta misma semana.
¿Qué ha ocurrido en este periodo? Pues ha ocurrido que desde que gobierna el PP en España, según la OCDE, organismo independiente e internacional, la presión fiscal, el esfuerzo que soportan los ciudadanos en impuestos, ha subido alrededor de dos puntos porcentuales.
Centrándonos en el IRPF, la reforma de 1998 afecta a la renta de 1999 que presentamos los ciudadanos en junio de 2000. Y cuatro años después, en 2002, ya la estamos reformando, sin que se conozcan aún los efectos y sobre todo dificultades para poder planificar adecuadamente la actividad económica.
La carga fiscal se ha trasladado desde los contribuyentes con mayor renta a todos
Sabemos por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que los efectos de la reforma han bajado la recaudación de ese impuesto un catorce por ciento, ha habido un aumento de la renta disponible en los contribuyentes de mayor renta (al diez por ciento de rentas mas altas les correspondió el 35,45 por ciento de la rebaja y al diez por ciento de rentas mas bajas el 0,41 por ciento) y, además, se ha producido una disminución de los efectos redistribuidos del impuesto.
No mencionaré aquí, porque creo que no era el principal problema, los ingresos que declaraban de media los empresarios o los profesionales, sólo diré que las rentas de los asalariados son las que soportan la mayor parte del impuesto. En la anterior reforma, si sus rentas provenían del trabajo, podía llegar a pagar el 45 por ciento de las mismas. En la actual, el 42 por ciento.
En cambio, si sus rentas provenían de rendimientos del capita, pagaría un 18 y un 15 por ciento respectivamente sea cual sea la cantidad.
Lo que quiero poner de manifiesto no obstante no es sólo la injusticia del sistema fiscal, sino lo inadecuado de la reforma fiscal desde el punto de vista de la política económica para fomentar el crecimiento y la creación de empleo.
La anterior reforma del IRPF se produjo en un contexto de crecimiento económico sostenido, con baja inflación y fuerte creación de empleo. La reforma actual se producirá en un contexto de fuerte inflación y bajo crecimiento con una ralentizacion de la creación de empleo.
Los efectos de la anterior reforma desde el punto de vista de la equidad (la correcta distribución de la carga fiscal) ya hemos visto cuales han sido. Pero a ellos hay que añadir un efecto más: la elevación de los precios de una manera significativa. Ha sido precisamente esa elevación de precios y no el crecimiento real de la economía lo que ha hecho crecer los ingresos fiscales.
El incremento de la recaudación estimada por IRPF en los presupuestos del próximo año, un 2,7 por ciento, estaría tres puntos porcentuales por debajo del PIB estimado a precios de mercado.
La alta inflación que hoy padecemos, no compensada con incrementos importantes de productividad por la atonía inversora, es un indicador claro de pérdida de competitividad y menor creación de empleo en el futuro.
La elevación de tasas y precios públicos, unida a la creación de nuevos impuestos como el de las ventas minoristas de hidrocarburos, que se han producido para compensar el coste recaudatorio de la reforma del IRPF que ya hemos visto lo mal que se ha repartido, ha contribuido también a trasladar injustamente la carga fiscal desde los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, a todos los demás.
La reforma es también inadecuada porque los contribuyentes con menor poder adquisitivo o que no tienen que hacer declaración de renta, tienen menos posibilidades de acceder a las desgravaciones con las que ilustra la propaganda de sus reformas fiscales el Gobierno. Con lo cual queda claro que las políticas sociales que pretenden realizarse a través de la fiscalidad y no a través del gasto público, en la mayoría de las ocasiones dejan fuera a quienes más las necesitan.
Lo que es evidente es que a una Hacienda que tradicionalmente ha venido cerrando el presupuesto con déficit en los últimos años, se le ha quitado capacidad recaudatoria con las dos reformas. Esto debería haber contribuido a bajar la inflación. No se ha conseguido porque ha habido una incorrecta e injusta asignación de los beneficios fiscales.
No se ha generado un mayor crecimiento pero sí una mayor inflación. El déficit presupuestario que se produce como consecuencia de la menor recaudación, se viene compensando, para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el exceso de cotizaciones sociales. Con lo que a un impuesto sobre el trabajo, le añadimos un impuesto sobre los asalariados, que es a lo que ha quedado reducido el IRPF después de las sucesivas reformas del Gobierno.
Acabaré diciendo que esta nueva reforma, hubiera sido innecesaria (según algunas estimaciones el 40 por ciento de la rebaja de impuestos se ha esfumado con el crecimiento de los precios y las rentas mas bajas han incrementado su presión fiscal) en el caso de que se hubieran ido adecuando año tras año, las tarifas y los mínimos exentos, al crecimiento de la inflación. Claro que entonces no le deberíamos la "rebaja de impuestos" al Partido Popular, sino que habría sido un derecho que la ley nos reconocía.
Joan Lerma es ex presidente de la Generalitat.
