Razonable flexibilidad

La Comisión Europea ha reaccionado en la buena dirección ante una de las inconsistencias más explícitas de la política económica del área euro: la que obligaba a satisfacer simultáneamente el cumplimiento estricto del denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la más perentoria de superar los riesgos asociados a la actual desaceleración económica que, sin excepción, viven todos los países europeos. Es muy razonable la decisión de la Comisaría de Economía y Asuntos Monetarios que revisa los términos de ese compromiso, incorpora criterios adicionales al del déficit público y particulariza su cumplimento en función del crecimiento.

El Pacto fue ampliamente cuestionado en su versión original, impuesta en 1997 por las autoridades alemanas. Técnicos y políticos convenían en la inadecuación de esta fórmula para satisfacer un propósito de todo punto necesario: garantizar un grado de coordinación suficiente de las políticas presupuestarias para asegurar la estabilidad económica y financiera en el área monetaria. La formulación de ese pacto, tomando como exclusivo criterio un déficit público que no excediera el 3% del PIB, so pena de entrar en un complicado expediente que podría derivar en importantes sanciones, no sólo no garantizaba una más eficaz coordinación de las políticas presupuestarias, sino que profundizaba en el riesgo de hacer más intensas las recesiones en el caso de los países situados al límite.

Sobre Portugal, Alemania y en menor medida Francia, pesaban esas amenazas de forma inmediata. Si Alemania tuviera que reconducir con urgencia su actual desequilibrio presupuestario, el resto de la región sufriría en términos de crecimiento económico. La mayor flexibilidad en la aplicación de ese acuerdo, así como la utilización de criterios adicionales en la medición de la estabilidad presupuestaria, como el nivel de deuda pública, no sólo favorece, como pretende el comisario Solbes, la recuperación del crecimiento en Europa, sino que orienta la política presupuestaria sobre bases más completas y racionales; en definitiva, más susceptibles de singularizar en función de la situación particular de cada país.

Los nuevos criterios permiten también a los países con unas finanzas públicas sanas orientar el gasto hacia decisiones que propicien no sólo el crecimiento y el empleo, sino el fortalecimiento de la base de capital necesaria para garantizar crecimientos de la productividad. Un criterio aplicable a la economía española, en la que el saneamiento de las finanzas públicas parece conseguirse a costa de la inversión en capital físico, tecnológico y humano, muy por debajo de los correspondientes promedios del área euro.

Si queremos recuperar los ritmos de crecimiento del pasado y que sean compatibles con un aumento de la competitividad de nuestras empresas, debería procurarse una mayor inversión en capital tecnológico, en particular del sector público. Únicamente unas condiciones financieras adversas podrían disuadir de ese necesario esfuerzo inversor que la economía española necesita. Los tipos de interés a los que puede endeudarse el Tesoro español son los más bajos de la historia y propician ese esfuerzo inversor al que invita la flexibilización actual del pacto de estabilidad. De lo contrario se podrían mantener las cuentas formalmente equilibradas, pero a costa de una prosperidad futura ya amenazada por las nuevas incorporaciones a la Unión Europea con ventajas competitivas similares a las que actualmente tiene la economía española.