Administración local, ¿gobierno municipal?

Estamos asistiendo en los últimos meses a una sucesión de noticias e iniciativas determinantes para el presente y, sobre todo, el futuro del mundo local, y, en consecuencia, para el futuro de la ciudadanía. Las decisiones adoptadas acerca de la financiación local y las propuestas acerca de la conformación de un estatuto especial para las denominadas grandes ciudades obligan, cuando menos, a una reflexión y a una llamada de atención. A una reflexión por cuanto el peso del mundo local, medido en términos de inversión, de recursos humanos o, incluso, en participación en el gasto público, le confiere una representación incontestable sin tener que recurrir, para su argumentación, a la Constitución española.

Muchos alcaldes saben que la construcción de un mejor futuro colectivo no es exclusivo de ellos, sino de toda la ciudadanía

Si a eso le unimos que, se quiera o no, las decisiones públicas se territorializan en términos municipales y que la ciudadanía cada vez más valora la proximidad institucional como una medida de su personal relación con el Estado del Bienestar, debería ser natural la afirmación de que cualquier actuación que afecte a los ayuntamientos directamente afecta a la ciudadanía. Y una llamada de atención por cuanto que, por razones que se escapan a estas líneas y que obviamente tienen mucho que ver con el pasado reciente de este país y con la consideración social de los servicios públicos, parece que las iniciativas que se están adoptando acerca del mundo local son una cuestión que concierne sólo a los afectados, entendiendo por tal a los responsables públicos locales, electos y no electos, quedando al margen de dichas decisiones la ciudadanía.

Expliquemos el sentido y el alcance de la afirmación. Hace años que los ayuntamientos y el resto de entidades locales que conforman el mundo local, territoriales o no, vienen definiendo un escenario de calidad de vida en consonancia con la responsabilidad que la Constitución española les concede. Es cierto que, vista en perspectiva, la agenda de temas locales está menos trabajada que la de otros ámbitos institucionales. Comienza a ser un tópico afirmar que el actual modelo de Administración Local, definido en los años ochenta del siglo pasado por las normas básicas que la regulan, muestra signos de evidente agotamiento, precisamente por el dinamismo de la sociedad española y por el esfuerzo realizado por los responsables municipales.

En este contexto, las cuestiones relacionadas con los recursos presupuestarios tienen una dimensión que no es sólo técnica: se trata de saber con qué instrumentos queremos construir nuestras ciudades, y comunidades vecinales en general. Se trata de establecer cuál es el papel que reservamos a los ayuntamientos, si como meras organizaciones prestadoras de servicios -los denominados servicios mínimos y obligatorios- o estamos en disposición de exigirles que actúen como auténticos gobiernos municipales, en consonancia con lo que demandan los ciudadanos y con lo que nuestra arquitectura constitucional y la referencia europea consagran.

Si esto es así, hay que empezar a trasladar a la ciudadanía el debate sobre la nueva Ley de Haciendas Locales y la denominada Ley de Grandes Ciudades, sacándolo del estricto círculo de los afectados o interesados y dándoles la dimensión de interés general que, por razones obvias, tiene. Y digo por razones obvias por cuanto va siendo hora de que abandonemos la demagogia a la hora de tratar este tema y definamos cuál es nuestro grado de corresponsabilidad, como responsables públicos, en el desarrollo del Estado de las Autonomías, por ejemplo, y, como ciudadanos, en la defensa de un modelo de ayuntamientos que más que Administraciones de servicios sean Gobiernos municipales.

Esta última afirmación es la línea vertebral que debe guiar el debate. Modificar las haciendas locales, ¿para qué? ¿más presión fiscal o mejores servicios públicos locales?. Definir nuevas capacidades para el alcalde o para el pleno, ¿para qué? ¿más poder personal o más agilidad en la gestión de los asuntos públicos? Son dos preguntas a modo de ejemplo. Hay muchos alcaldes y concejales que, con más o menos antigüedad en el puesto, viven consagrados a la construcción de un mejor futuro colectivo y no quieren que este tipo de cuestiones sean un tema exclusivo de ellos. Simplemente porque saben que, sobre todo, es un tema de la ciudadanía.

Alfonso Yerga Cobos es director general de Administración Local de la Consejería de Gobernación