El alcalde reserva un solar para vendérselo a afectados de la CPV con pocos recursos

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido tomar parte en el caso CPV. El Consistorio ofrecerá en venta, a parte de las 1.200 familias afectadas que se han quedado sin piso por el fraude de la promotora, una parcela de suelo público para que puedan levantar en ellas sus viviendas. Los beneficiados serán sólo los de renta baja, es decir, aquellos que pueden optar a una vivienda protegida. El concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, estudiará a partir de la semana que viene los casos "uno por uno" para seleccionar quiénes tendrían derecho a la compra de la parcela municipal.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, encargó la semana pasada a Herráez y al edil de Urbanismo, Ignacio del Río, que buscasen soluciones "individuales" para los afectados de la promotora CPV. Al final, la salida que ofrece el equipo de gobierno va a afectar en conjunto a parte de los estafados. El Consistorio ha mantenido varias reuniones con los afectados con un solo propósito: buscar una solución que tiene que pasar por la búsqueda de un nuevo solar para levantar en él las viviendas.

El Ayuntamiento ofrecerá en venta un solar municipal a quienes tengan rentas bajas y puedan optar a un piso protegido, según confirmó ayer Del Río. La semana próxima, Herráez estudiará todos los casos para seleccionar quiénes podrán beneficiarse de la oferta municipal. "Vamos a dar una solución a los afectados que tengan rentas más bajas. De momento, quedarán fuera los que intentaron especular al comprar más de una vivienda de las que les ofrecía CPV", apuntó Herráez.

La asociación de afectados, que representa a 650 de las 1.200 familias, instaló ayer una rudimentaria oficina en un banco de la vía pública, ante la antigua sede de CPV, frente al número 36 de la calle de Orense, para recoger cada día de 20.00 a 21.00 los datos de los afectados, tal como les ha reclamado el Ayuntamiento para hacer la selección.

"Aún no hemos cerrado nada, pero los responsables municipales nos han dicho que, entre otros sitios, hay suelo en Vallecas", explicó ayer Concepción García, tesorera de la asociación de afectados, que señaló que la compra de otro terreno es la "mejor solución" que puede darles el Ayuntamiento. "Los que no pertenezcan a la asociación y que también sean afectados por la supuesta estafa de Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) no tendrán problemas para beneficiarse igualmente de lo que nos ofrezca el Consistorio", puntualizó García. La asociación de afectados presentará el lunes que viene al edil de Vivienda y a la responsable del área social de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), Marisa de Frutos, una lista con todos los datos que le vayan entregando durante esta semana los estafados por la CPV. Éstos estudiarán "uno por uno" los casos, según Herráez.

El Ayuntamiento ofrecerá en venta la parcela a los afectados cuya renta sea menor de 21.035 euros anuales, es decir, los que pueden optar a una vivienda de protección. Los estafados podrían comprar el solar público, según fuentes municipales, con facilidades de pago que se negociarían con los bancos. En el suelo, los afectados formarían una cooperativa para levantar en él los pisos que en su día les prometió CPV. "El Ayuntamiento no se puede convertir en el bombero que solucione todos los problemas de los particulares. Aun así, vamos a ayudar a los más perjudicados", aclaró el edil Del Río.

El caso CPV comenzó en 1998, cuando cerca de 1.200 familias adelantaron en 1998 a esta promotora, que ya estaba en quiebra, 30 millones de euros para la compra de viviendas en los nuevos barrios del norte de la capital (Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas). Pero la inmobiliaria, ni tenía suelo, ni les ha devuelto el dinero que entregaron. El dueño de la promotora, Francisco Javier García Moreno, y tres directivos más están en prisión por supuesta estafa.

IU presentará mañana, jueves, en el pleno municipal, una proposición en la que reclamará, entre otros asuntos, que el Ayuntamiento proporcione a los afectados de CPV un local donde puedan reunirse y recoger los datos que deben presentar al Ayuntamiento.