Cajasur elude la supervisión de la Junta andaluza al pedir al Gobierno que le aplique ya la Ley Financiera
Cajasur ha tardado menos de 72 horas en solicitar al Ministerio de Economía la aplicación de la nueva Ley Financiera -publicada el sábado-, que incluye un artículo hecho a medida de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, que ahora podrá evitar el control de la Junta de Andalucía. El Consejo de Administración de la caja cordobesa, con los votos en contra de los tres consejeros socialistas y el representante de IU, decidió ayer enviar ya la documentación que acredita que es una "entidad fundada por la Iglesia", por lo que pasa automáticamente a ser tutelada por el Ministerio de Economía. Los representantes socialistas en el Consejo de Administración de Cajasur reclamaron la suspensión de la sesión por defectos de forma en su convocatoria, realizada de urgencia por Castillejo el sábado, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Financiera.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido (PSOE), también envió, a través de un requerimiento notarial, el acuerdo de la institución provincial del viernes, en el que se esgrimía su naturaleza de cofundadora de Cajasur -que la dirección de la entidad niega- para reclamar que renunciase a acogerse a la Ley Financiera.
Pero ninguna de estas cuestiones evitó que Castillejo hiciese una nueva demostración de su poder en los órganos de gobierno de la caja cordobesa. "El Consejo de Administración de Cajasur, como entidad fundada por la Iglesia católica, ha aprobado la presentación de la solicitud para acogerse a los supuestos contemplados en la nueva Ley Financiera", explicó en conferencia de prensa Francisco Jurado, director general de la entidad.
Esos "supuestos" introducidos por el Gobierno central -que sólo afectarían a Cajasur al ser la única caja que asegura haber sido fundada "directamente" por la Iglesia- quitan a la Junta la supervisión de las principales decisiones de la entidad y se las trasladan al Ministerio de Economía.
La Junta de Andalucía quiso acabar con los privilegios de la Iglesia y Castillejo (que preside la entidad desde 1977) en Cajasur al igualar en la Ley de Cajas autonómica su peso en los órganos de gobierno (ahora es del 35%) a la representación de cualquier entidad fundadora (9%). Ya entonces el Gobierno central intervino y provocó en 2000 la suspensión de la norma andaluza al recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Ahora, la Ley Financiera saca a la caja cordobesa de la tutela del Ejecutivo andaluz.
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