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EL USO DE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

El Gobierno prohíbe que una sociedad participe en televisiones estatales y locales

El PP aprovecha la Ley de Acompañamiento para incluir más incompatibilidades en materia audiovisual

El Gobierno dibujó ayer, por sopresa, cambios sustanciales en el paisaje audiovisual español. Las modificaciones que introducirá, y que entrarán en vigor en enero, fueron orquestadas desde dos frentes: en Barcelona, donde el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, explicaba el régimen de incompatibilidades que impondrá el Ejecutivo a las empresas que participen en televisiones de diferentes ámbitos territoriales, y en Madrid, donde el PP presentaba a última hora en el Senado las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado que plasman dichas incompatibilidades.

La medida más destacada hace referencia a la prohibición a las empresas que participen en el capital de una televisión generalista de ámbito nacional, incluida la de pago Canal +, de tener presencia en cualquier otra televisión, ya sea de ámbito autonómico o local. El Grupo Correo y el Grupo PRISA son los principales afectados. Las empresas que deban replegar su presencia en concesionarias contarán con el plazo de un año para adaptarse a la nueva situación.

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Piqué presentó la medida como una garantía para "ordenar" el escenario, para evitar que "en ningún caso las televisiones locales sean alternativa a las televisiones generalistas" y para "garantizar el pluralismo y la competencia en un mismo ámbito territorial con el fin de que los ciudadanos estén tranquilos". El Gobierno justifica que sus planteamientos se anticipen, vía Ley de Acompañamiento, a la nueva Ley Audiovisual que llevará al Parlamento en el próximo periodo de sesiones por la "urgencia" de establecer un régimen para la TV local y porque los trámites de planificación y otorgamiento de concesiones se alargan al menos 18 meses.

- Televisiones autonómicas y locales. Las incompatibilidades no sólo se darán en el caso de presencia simultánea en televisiones de ámbito estatal y de otro ámbito territorial. Las empresas que participen en televisiones de ámbito autonómico no podrán estar presentes en aquellas televisiones locales que operen en esa misma comunidad autónoma.Sí se podrá controlar un paquete accionarial en una cadena de ámbito autonómico y, a la vez, estar en televisiones locales de otras comunidades. También se permitirá la presencia al mismo tiempo en más de una cadena autonómica si las televisiones participadas corresponden a diferentes comunidades. La participación simultánea en distintas cadenas locales de distintas demarcaciones también será posible.

- Límites de población. En todos estos casos, el Gobierno fijará unos límites que no podrán sobrepasarse y que, según Piqué, consistirán en establecer unos porcentajes "razonables" sobre la población afectada por esta presencia simultánea. Estos topes se desarrollarán a través de un Reglamento. El ministro subrayó que la voluntad del Gobierno es "negociar con el sector" los límites de población para evitar que un mismo grupo pueda controlar dos grandes comunidades. "Las TV locales deben ser eso, TV locales. Lo que significa prohibir las emisiones en cadena" de una misma programación, añadió. El Gobierno se encargará de controlar la formación de cadenas locales cuando éstas emitan en el ámbito de más de una comunidad.

- Planificación de la TV local. El nuevo modelo que regulará las televisiones locales prevé que éstas únicamente puedan emitir utilizando tecnología digital. El calendario arrancará con la puesta en marcha de un Plan Técnico de Televisión Local y terminará cuando las diferentes comunidades autónomas adjudiquen las concesiones a mediados de 2004. El nuevo modelo se basa en la reserva de un canal múltiple en cada municipio que superen los 100.000 habitantes. Si lo piden las autonomías, dicho canal se podrá otorgar conjuntamente a varios municipios, siempre que esta agrupación cubra más de 25 kilómetros cuadrados o de 25.000 habitantes.

- Fusión digital. El ministro insistió en que las medidas introducidas ayer -el último día en que era posible presentar enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003 a su paso por el Senado-, "no tienen nada que ver" con la decisión que el Gobierno debe tomar en breve sobre la fusión de las plataformas digitales (Canal Satélite y Vía Digital).

En relación a esta cuestión, Josep Piqué recordó que la ley no permite a una empresa, y en este caso mencionó explícitamente a Telefónica, ser accionista de la cadena generalista de ámbito estatal Antena 3 y a la vez participar en Sogecable. El Gobierno sí introdujo, también vía Ley de Acompañamiento, que un mismo grupo pueda controlar el 100% de una cadena de televisión frente al tope del 49% actual, circunstancia que anticipa cambios en el accionariado de Tele5, controlado por Mediaset (Berlusconi) y Antena 3 (controlada por Telefónica y el SCH).

- 'Apagón' analógico. El Ejecutivo de Aznar no quiere esperar a enero de 2012 para que todos los operadores estén obligados a emitir en tecnología digital. Su intención es adelantar el apagón analógico antes de que termine esta década.

- Concesiones de radio. Otra cuestión en la que el Gobierno interviene es en la prórroga automática de las licencias de radio, tanto en Onda Media como en Frecuencia Modulada, para evitar, en palabras de Piqué, que aludió, pasando a la lengua catalana, al Ejecutivo de Jordi Pujol, "que un Gobierno niegue la renovación de una concesión a un grupo porque éste no le guste".

"Una operación antidemocrática"

El portavoz socialista en la comisión de Infraestructuras, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró ayer que las medidas audiovisuales del PP introducidas a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos son "una operación antidemocrática, porque los grupos políticos nos hemos quedado sin el derecho a presentar enmiendas". El Gobierno ha actuado "con nocturnidad y alevosía". Para Rubalcaba, el Gobierno muestra una actitud "caciquil, arbitraria y autoritaria" y evidencia "una falta de respeto al Parlamento, al sistema audiovisual y a los usuarios". El diputado sugirió que el Gobierno "quiere dejarlo todo atado y bien atado". Por parte de CiU, Jordi Jané señaló que la vía elegida "va más rápido pero elimina trámites legislativos", con lo que "limita la capacidad de contrastar textos".

La reforma supone un freno a la creación de nuevas redes

Las reformas introducidas a última hora por el Gobierno afectan especialmente a los grandes grupos de comunicación. Correo-Prensa Española (propietaria del 25% de Tele 5) deberá desinvertir en el canal digital terrestre Net TV (adjudicado en 2000 al consorcio liderado por Prensa Española, editora del diario Abc)y también será incompatible su presencia en la red televisiones locales. En este sector, el grupo que preside Santiago de Ybarra controla una treintena de estaciones (Bilbovisión, Teledonosti, Telefrontera y Canal Costa del Sol, entre otras), creadas como embrión de sus multimedia regionales. Además, es concesionario de sendos canales de televisión digital en abierto en las comunidades autónomas de Madrid y La Rioja, de los que deberá desprenderse. El Grupo PRISA (editor de EL PAÍS) se verá también afectado, ya que a través de la filial Promotora de Emisoras de Televisión (Pretesa) gestiona una red de televisiones locales que operan bajo la marca Localia.En España funcionan, según el censo de octubre 2002 elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 897 estaciones locales, muchas de las cuales carecen de una estructura empresarial y profesional sólida. Según ese estudio, las principales redes son UNE, integrada por Publimedia y la agencia de noticias Atlas (66 emisoras); Localia (65, aunque ya tiene 67); Grupo Canal 47 TV (43); Local Media (38); Televisión Castilla y León (18); Canal 4 Castilla y León (12); Popular TV, liderada por la cadena Cope, (3); y Flaix TV (3).Participaciones cruzadasLa reforma audiovisual avanzada por el titular de Ciencia y Tecnología afectará también a Telefónica, ya que ningún accionista podrá estar presente simultáneamente en el accionariado de dos concesiones de televisión de ámbito estatal. El cierre a cualquier porcentaje en las participaciones cruzadas obligará a Telefónica a ceder su parte en Antena 3 (47,5%) o a abandonar el proyecto de fusión de Vía Digital y Sogecable (propietaria de Canal + y de Canal Satélite Digital). Según el plan de integración diseñado por ambas compañías, Telefónica se convertirá en uno de los tres socios de referencia de la nueva Sogecable, junto a PRISA y el francés Groupe Canal +.

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