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EL USO DE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

El PP introduce en el último momento 170 enmiendas a la Ley de Acompañamiento

El Gobierno crea tasas de hasta 600 euros sobre los recursos contenciosos y en la vía civil

Como es habitual en los últimos años, el Gobierno ha vuelto a utilizar la Ley de Acompañamiento y la de los Presupuestos en el último trámite del Senado para introducir cambios normativos de calado y muy diversos. En esta ocasión, el Grupo Parlamentario Popular ha incluido un total de 170 enmiedas a ambas leyes, que a partir de ahora serán tramitadas en la Cámara Alta junto con las presentadas por las restantes formaciones políticas. En esas modificaciones de última hora crea nuevas tasas sobre los recursos contencioso-administrativo y en la vía civil de hasta 600 euros.

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Entre las enmiendas del PP figura la creación de nuevas tasas judiciales que se aplicarán sobre todo a las empresas que presenten recursos contencioso-administrativos o por la vía civil, sin incluir los relativos a sucesiones, familia y estado civil. Esta nueva tasa será de hasta 600 euros, según los casos, más un tipo fijo de entre el 0,5% y el 0,25%, según la cuantía del procedimiento. Otras enmiendas incluyen el reciente acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos con una dotación presupuestaria adicional de 60 millones de euros, así como ayudas de 10,8 millones de euros para paliar los daños por el hundimiento del Prestige.

El aluvión de enmiendas de última hora modifica un buen número de leyes, desde la del deporte hasta la de televisiones privadas, sin que el trámite presupuestario del Senado permita un debate sosegado y en profundidad. Las principales modificaciones para 2003, que aún deberán ser tramitadas y votadas, son las siguientes:

- Nuevas tasas judiciales. La justicia será un poco menos gratuita a partir del año que viene. Los miles de recursos que se presentan cada año en la vía contencioso administrativa (por actos de la administración pública) y en la vía civil pagarán una nueva tasa, según una de las enmiendas presentadas ayer por el PP. La nueva tasa no afecta a las personas físicas, a las entidades sin fines de lucro, ni a las entidades de reducida dimensión. No estarán incluidas las demandas y la presentación de posteriores recursos en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas. La cuantía de las tasas dependerá del monto de la demanda que, si es indeterminado, se fijará en 18.000 euros a los efectos de determinar el impuesto. La tasa tendrá una cuantía fija de 90 euros como mínimo y 600 como máximo, más un tipo fijo del 0,5% para demandas de hasta un millón de euros y del 0,25% para todo lo que exceda de esa cantidad con un máximo de 6.000 euros.

- Fondo de garantía de inversiones. Este fondo deberá dar cobertura en el caso de que el inversor no pueda obtener el reembolso de las cantidades depositadas en una sociedad de gestión de carteras, la restitución de valores o instrumentos financieros que les pertenezcan. Las aportaciones a ese fondo serán realizadas por las entidades adheridas (las empresas de servicios de inversión) y será gestionado por una sociedad anónima. En el caso Gescartera, por ejemplo, no existe en la actualidad un fondo que responda ante los inversores que resultaron estafados.

- Compensación de deudas. Otra de las enmiendas del PP establece un sistema de compensación de deudas para las comunidades autónomas, de forma que si una comunidad autónoma debe dinero a la Seguridad Social por las retenciones de sus empleados, las cantidades serán descontadas de forma automática de su correspondiente participación en el IRPF.

- Tributación de rifas y tómbolas.La celebración de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias tributarán a un tipo del 15% en el impuesto de sociedades, frente al 35% anterior, sobre el importe de los ingresos obtenidos. Las que se clasifiquen como benéficas tributarán al 5%.

- Información tributaria. Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaraciones-liquidaciones de impuestos por medios telemáticos tendrán que conservar copia de los programas y ficheros que contengan los datos originarios de los que se deriven los estados contables y declaraciones tributarias.

- Maltrato doméstico. Las empresas que contraten a mujeres que tengan acreditada la condición de víctima de la violencia doméstica por parte de algún miembro de su familia, tendrán una bonificación del 65% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante un máximo de 24 meses.

- Acuerdo sobre funcionarios. Las enmiendas del PP introducen en los Presupuestos el pacto salarial entre el Gobierno y los funcionarios suscrito hace unos días. Se establece una dotación adicional de 60 millones de euros para aquellos ministerios que no puedan hacer frente con sus propios recursos al aumento salarial del 2,7%, superior al 2% previsto. En las enmiendas se regulan también algunas cuestiones relativas a la movilidad de los funcionarios y se establece que las retribuciones básicas serán iguales en todas las Administraciones públicas.

- Traslado de extranjeros. Otra de las enmiendas del PP simplifica la tramitación de los gastos generados por expulsión de extranjeros en situación ilegal y el traslado de presos. Sólo se requerirá la aprobación del gasto correspondiente y la presentación de una factura. De esta forma, los contratos que se celebren con este fin quedan al margen de la legislación que se aplica a otros realizados por el sector público, como publicidad, concurrencia, etcétera.

- Patrimonio público. El PP pretende la creación de un "ambicioso" programa de digitalización y difusión a través de Internet de los principales bienes de titularidad estatal del patrimonio histórico y cultural español (monumentos, fondos documentales, museos, etcétera). Se denominará patrimonio.es, que se gestionará a través de una empresa estatal con colaboración privada en algún caso.

- Tarifas eléctricas. Recoge el nuevo marco tarifario establecido para el sector eléctrico para el periodo 2003-2010. La enmienda fija los criterios para la determinación de la tarifa y señala que el Gobierno podrá establecer, mediante real decreto, un límite máximo al incremento anual.

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