España se inhibió y consintió que el 'Prestige' extendiese la marea negra frente a Galicia

El Gobierno tuvo en su mano evitar que Galicia quedase expuesta a una prolongada marea negra, pero renunció a ejercer las facultades que le atribuyen los tratados internacionales. Las autoridades españolas consintieron que el Prestige incumpliese sus órdenes de abandonar la zona de Finisterre con rumbo norte, el único modo de alejar los vertidos de la costa. La compañía holandesa a la que el armador adjudicó el rescate del petrolero siniestrado decidió por su cuenta enfilar hacia el sur, lo que ocasionó que el buque dejase un reguero de contaminación frente a Galicia.

El Gobierno no hizo nada por detener la maniobra, alegando que ya no tenía jurisdicción sobre el barco, cuando la Carta de Derechos del Mar de Naciones Unidas le concedía amplias atribuciones para imponer un rumbo al Prestige y aliviar considerablemente los efectos de una marea negra que se prolonga ya desde hace ocho días y amenaza con proseguir.

Cuando al Prestige se le fracturaron dos de sus tanques y se fue a la deriva hacia la costa gallega, el Gobierno tenía dos alternativas: o trasladar el barco a puerto, con el riesgo de sembrar de contaminación una zona poblada, o alejarlo mar adentro, donde era más difícil su reparación y el trasvase de combustible a otro buque. Eligió esta última, una decisión que ha suscitado opiniones encontradas entre los técnicos marítimos. Pero lo que nadie pone en duda es que si se quería alejar el petrolero de la costa gallega, sólo se podía tomar rumbo norte.

Ésas fueron las instrucciones del Gobierno a los remolcadores que sacaron el Prestige de la Costa da Morte después de que derramase unas 5.000 toneladas de fuel cerca de tierra. La Dirección General de la Marina Mercante sabía que los vientos dominantes en esta época soplan del sur, y que el norte era el mejor rumbo para que, si algo le ocurría al Prestige, fuese lo más adentro del océano que pudiera alcanzar y con el menor riesgo de que los vertidos derivasen hacia las costas española y portuguesa. Pero el viernes 15, dos días después de que el buque se escorara frente a Finisterre, se hizo cargo de él la compañía holandesa Smit Tak. Lo primordial para la empresa de rescates ya no era ahorrar a Galicia una nueva marea negra, sino salvar el barco y cobrar el premio pactado (30 millones de euros, la mitad del valor de la carga). Como ningún país europeo quiso acoger al Prestige, los holandeses se saltaron las órdenes españolas, viraron el barco y derrotaron al sur, en un intento de alcanzar algún puerto africano, probablemente en el archipiélago de Cabo Verde.

Las autoridades españolas no hicieron nada por impedirlo, alegando que ya no tenían jurisdicción sobre el petrolero. Tan sólo pusieron la condición de que el Prestige, al mismo tiempo que avanzaba hacia al sur, se desplazara también hacia el este hasta situarse a 120 millas de la costa. "Fue una decisión errónea, pero la tomaron los holandeses y el armador. Nosotros ya no nos podíamos meter", explicó días después el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa a este periódico, al tiempo que reconocía que si el barco no hubiese cambiado de rumbo, las nuevas oleadas de la marea negra nunca llegarían a Galicia.

Los tratados internacionales concedían a España un amplio margen de actuación para corregir el rumbo del buque, aunque éste ya estuviese fuera de las 12 millas que delimitan la soberanía territorial de los estados. El petrolero no había salido aún de las 200 millas que marcan la Zona Económica Exclusiva, dentro de la cual la Carta de Derechos del Mar de la ONU, aprobada en 1982, autoriza a intervenir a los países ribereños en casos como el del Prestige. El artículo 221.1 de ese tratado señala inequívocamente que los Estados tendrán derecho a "tomar y hacer cumplir, más allá del mar territorial, medidas que guarden proporción con el daño real o potencial a fin de proteger sus costas o intereses conexos, incluida la pesca, de la contaminación o amenaza de contaminación resultante de un accidente marítimo". Es más, el convenio internacional de 1969 sobre intervención en accidentes con derrame de hidrocarburos en alta mar reconoce derechos parecidos a los Estados incluso más allá de las 200 millas. Entre los países signatarios de ese acuerdo figura Bahamas, donde estaba abanderado el Prestige. De hecho, Portugal sí hizo uso de las competencias que le atribuye el derecho internacional y envió una fragata de la Armada para vigilar que el petrolero no invadiese sus 200 millas.

El Gobierno español también ocultó que el barco iba dejando tras de sí un gran vertido de fuel. Después del viernes 15, cuando el buque viró hacia el sur, el gabinete de crisis desmintió de forma reiterada que sus tanques siguiesen derramando. Sólo admitió que dejaba una "estela" por "pequeñas pérdidas de combustible". Hasta el lunes 18, cuando el barco ya estaba a punto de partirse en dos, no se informó de que enfrente de Galicia estaban extendiéndose grandes manchas de fuel. Dos días después, las fotografías del satélite mostraban el rastro de contaminación que había dejado el Prestige en su sinuoso y vacilante itinerario.