El PSOE desata una bronca parlamentaria al acusar a CiU de estar comprada por el PP

Ya no queda ni una sola planta de lino en toda España, pero su cultivo y el fraude en el cobro de subvenciones siguen provocando fuertes polémicas entre los políticos. Ayer, en el Congreso, PSOE e IU pidieron otra comisión de investigación sobre los cazaprimas del lino. El PP la rechazó, con el apoyo sin fisuras de CiU. Y el debate se convirtió en una enorme bronca parlamentaria. Los socialistas llegaron a sostener que el PP ha comprado a los catalanes. "¿Cuánto os ha costado?", dijo una diputada. Y el PP tiró directamente contra el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

Las irregularidades en el cobro de subvenciones del lino quedaron ayer en un segundo plano en el Congreso porque todos los grupos se centraron más bien en atacar al adversario. Y cada uno encontró un objetivo distinto.

La batalla la abrió Ignasi Guardans, de CIU, quien pronunció un completo y durísimo discurso contra los socialistas. Tomando como referente el lino, les acusó de no creer en el Estado de las Autonomías. Porque "hay que estar a las duras y a las maduras", dijo. Esto es, no se puede pedir que se transfieran las competencias y luego, cuando hay irregularidades, como en este caso, pasar toda la culpa al Ministerio de Agricultura. Además negó que el fraude fuera "relevante" y responsabilizó al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, de los fallos en los controles.

El ambiente se fue caldeando, algunos socialistas gritaban "¡que se besen!" -PP y CiU, se entiende- hasta que la diputada Teresa Cunillera se dirigió a los bancos del PP, con Guardans en la tribuna: "¿Cuánto os ha costado?", les gritó. Tanto, que lo oyó Jaime Ignacio del Burgo, y al intervenir le espetó a Cunillera que "no es digna" de estar en el Congreso de los Diputados. Y entonces comenzó una de las mayores broncas de los últimos meses. Insultos, pataleos, llamadas al orden, risotadas... Y Cunillera de pie: "¡Que lo retire!". Pero no lo retiraba, y así estuvieron casi cinco minutos, con la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, pidiendo a la diputada socialista que se sentara.

Al final, solución salomónica: lo retirará si usted retira lo suyo, le dijo Rudi. Pero no es lo mismo un murmullo que algo pronunciado desde la tribuna. Así que Cunillera no sólo no ha retirado su frase sino que se ha quejado formalmente a la presidenta porque, dice, "la dignidad de un diputado la otorgan los ciudadanos que le votan". Sostiene además que se refería a un precio político.

Al margen de la bronca, que continuó, la crítica política de fondo del PSOE a CiU la hizo Jesús Caldera, el portavoz socialista. Porque sostuvo que el discurso de Guardans obedecía a dos cosas: primero, la "vergüenza por el cierre en falso" de la comisión del lino, "con unas conclusiones que la Unión Europea ha rechazado en su integridad". Y segundo, y fundamental, porque CiU tiene que pagar el apoyo del PP en el Parlamento catalán. "Ahora entiendo por qué hoy se ha hecho público que el Grupo Popular apoyará en el Parlamento de Cataluña los Presupuestos del próximo año", dijo Caldera.

Pero el objetivo del portavoz del PSOE, en realidad, no era CiU, sino Loyola de Palacio, ahora comisaria europea y ministra de Agricultura cuando estalló el escándalo de los cazaprimas. Por eso ofreció algunos datos: primero, que es la Unión Europea quien habla de fraude generalizado e impone por ello una multa de 100 millones de euros; que ella prometió dimitir si se probaba el escándalo; que no es Castilla-La Mancha, donde gobiernan los socialistas, sino Castilla y León la más afectada por las irregularidades y que sólo dos de los cazaprimas que hubo entre altos cargos del ministerio transformaron el 20% del total del lino.

El PP entró de lleno en el cruce de acusaciones con el PSOE por su "vileza en las calumnias por bastardos motivos electorales contra la imagen de España". Pero Jaime Ignacio del Burgo aprovechó para matar dos pájaros de un tiro: "Sé que lo que voy a decir es muy grave. Pero lo hago con pruebas irrefutables", comenzó. Y luego acusó directamente al fiscal anticorrupción de haber cooperado con la denuncia de Bono y de haber utilizado datos falsos. Y lanzó una nueva teoría: son esos datos falsos y esos errores, dijo, los que han llevado a equivocarse a la Olaf, los inspectores de la UE que han impuesto la multa a España.