Casi el 40% de las aulas concertadas supera el número de alumnos permitidos

En 448 centros concertados hay aulas con más de 25 alumnos, la ratio máxima permitida por la ley. La consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, basándose en un estudio elaborado por su departamento, explicó ayer que de las 5.680 aulas de primaria concertadas que existen en Cataluña, 415 tienen una ratio de 28 alumnos por profesor, mientras que 1.800 tienen entre 26 y 27. En total, el 39%, supera el número de alumnos permitido por la ley, que sólo autoriza en casos excepcionales que se supere el límite en un 10% por necesidades de escolarización.

Gil aportó estos datos ayer en su comparecencia ante la Comisión de Política Cultural del Parlament. La titular de Enseñanza restó importancia a las cifras, las calificó de "anecdóticas" y atribuyó la ilegalidad a "las matriculaciones imprevistas". La consejera se escudó en las dificultades de la planificación escolar. "Si diésemos una línea más a los colegios las clases se quedarían en 13 o 14 alumnos, por lo que entonces estaríamos por debajo de la ratio, así que debería retirarse el concierto", argumentó. En 10 años, aseguró, no se ha registrado ni un solo caso en el que se debiera retirar el concierto. La diputada socialista Assumpta Baig denunció la falta de "planificación transversal" del Departamento de Enseñanza y puso como ejemplo la comarca del Garraf, donde la llegada de familias procedentes de Barcelona ha supuesto un importante aumento de la demanda de plazas escolares que, en muchos casos, deben cubrirse con los denostados barracones. Gil rechazó que no hubiera habido planificación. Se están construyendo "casi 64 nuevos centros cada año en Cataluña", dijo, "y en el caso de la comarca del Garraf, hay en marcha nuevos centros para atender a la demanda". La consejera destacó también que en la planificación de las líneas se pide a los padres que elaboren tres opciones de acuerdo con su preferencia para equilibrarlas y que "no se quede una escuela aislada".

Control financiero

Baig preguntó también a la consejera sobre el control de los cobros ilegales por parte de buena parte de las escuelas concertadas. Gil reiteró una vez más que su departamento "no puede hacer nada" si los padres de los alumnos de estos colegios pagan mensualidades a fundaciones relacionadas con los centros.

Gil reconoció, sin embargo, que las comisiones de conciliación por irregularidades en los conciertos educativos se han triplicado en un año. Mientras que en 2001 hubo 10 comisiones, este año se ha alcanzado la cifra de 30. La titular de Enseñanza explicó que cada año se realiza un mínimo de dos inspecciones a los centros concertados, "igual que se hace con los centros públicos", y que cada curso se elaboran memorias de los centros y se levanta un acta del Consejo Escolar. Como cada vez que surge esta cuestión en el Parlament, Gil opinó que deberían incrementarse las subvenciones que se conceden a los colegios privados.

Baig acusó al Gobierno de la Generalitat de llevar 22 años "en el poder para favorecer a los suyos" y se quejó de la dejadez de Enseñanza "ante la situación de descontrol sobre las las concesiones de los conciertos educativos". La diputada socialista exigió mayor transparencia. Por su parte, Carles Martínez, portavoz del sindicato USTEC-STE, en declaraciones posteriores, recordó el informe de los inspectores de Enseñanza en el que se constataba un gran número de irregularidades en los pagos en colegios concertados, y se preguntó "cómo pueden haber sólo 30 comisiones, cuando debería haber cientos de ellas".