La Junta demanda a Boliden por la vía civil y le pide 89,8 millones

La Junta andaluza ha decidido reclamar al grupo Boliden parte de los gastos del desastre ecológico que ocasionó en abril de 1998 el vertido de la mina que explotaba en Aznalcóllar, y presentar una demanda civil ante los juzgados de Sevilla por la que pide 89,86 millones de euros. El Ministerio de Medio Ambiente ya multó a la empresa con 45 millones de euros en agosto pasado, sanción que la compañía ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Cervera, explicó ayer que se ha optado finalmente por la vía civil tras haber sido desestimado, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, el recurso de apelación interpuesto contra el archivo de las actuaciones penales acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Cervera dijo que la demanda se fundamenta en el principio de que "quien contamina, paga", y quiso dejar claro que el Gobierno andaluz "llegará hasta el final".

La demanda de responsabilidad civil afecta de forma "solidaria" a tres entidades del grupo: Boliden Apirsa S. L., con domicilio en Sevilla; Boliden AB, como empresa matriz, con sede en Suecia; y Boliden BV, con sede en Holanda.

El desglose de la cuantía global que reclama la Junta es el siguiente: 46,98 millones, por los trabajos realizados por la Consejería de Agricultura en la primera fase de retirada de lodos; 14,47 millones, por la segunda, y relimpieza a cargo de la Consejería de Medio Ambiente; 2,48 millones, por el control y seguimiento de la calidad ambiental; 5,23, por las labores de investigación desarrolladas en la zona; 16,55 millones por la restauración ecológica y 2,09, en concepto de asistencia técnica y actividades complementarias. A estas partidas hay que sumar 2,06 millones de actuaciones sanitarias.

La Administración andaluza no ha incluido en su factura la expropiación de terrenos y las campañas que fueron necesarias para promocionar los productos agrícolas andaluces.