El 'Erika' aún está pendiente de juicio

"Para nosotros, esto es una repetición del caso Erika". Un experto francés en mareas negras, Michel Girin, detalla el paralelismo entre el caso del barco maltés que se partió frente a las costas de Bretaña y el que naufragó ayer, con una carga de fuel que supera en dos veces y media la que llevaba el Erika. Al haberse hundido más lejos de la costa, los expertos franceses temen una contaminación "más difusa", capaz de afectar a una zona más amplia, aunque de modo quizá menos intenso.

El 12 de diciembre de 1999, el petrolero maltés se partió en dos frente al cabo de Penmarch (Bretaña) y de su interior se escaparon 20.000 toneladas de fuel, que contaminaron 400 kilómetros del litoral. La limpieza de la costa exigió remover 200.000 toneladas de arena y guijarros, tarea que llevó casi un año. Los sedimentos fueron depositados en una fábrica para reciclarlos como material de construcción de carreteras, pagada por el grupo petrolero TotalFinaElf, que había fletado la carga del Erika.

Las diferencias con el caso del Prestige saltan a la vista: aquí no parece existir una empresa poderosa, o al menos sometida a un derecho concreto. Los que están detrás del petrolero hundido cerca de Vigo no parecen comparables al primer grupo petrolero de Francia y cuarto del mundo.

La implicación de TotalFinaElf en el caso Erika no fue evidente desde el principio: el grupo desvió las responsabilidades hacia el armador y la compañía que gestionaba el barco. Sin embargo, las presiones llegaron tan lejos que tuvo que empezar a pagar parte de las operaciones de limpieza y actualmente se encuentra pendiente de juicio por los cargos de "complicidad en la puesta en peligro de la vida de otros" y "contaminación marítima".

Sobre el grupo pesan medidas cautelares como la prohibición de fletar barcos de más de 15 años de antigüedad para el transporte de fuel, así como una fianza de 7,6 millones de euros. El capitán del buque, el armador, la sociedad de clasificación y varios representantes de la Prefectura Marítima están procesados.

La responsabilidad penal de personas jurídicas es posible en Francia gracias a una innovación introducida en 1994, aunque se ha aplicado poco. Nadie espera una sentencia especialmente severa, pero el proceso judicial es el portillo que han visto los afectados para obtener indemnizaciones más importantes que las administrativas. Las gestionadas hasta ahora se limitan a un órgano de nombre muy largo -Fondo Internacional de Indemnización por la Polución por Hidrocarburos (Fipol)-, en el que participan representantes de Gobiernos y grupos petroleros, que se ha enfrentado a más de 6.000 demandas, por un monto de 141 millones de euros. La petición más alta es la de Britany Ferries, compañía dedicada al tráfico marítimo de pasajeros y vehículos, a la cual se añade una larga lista de empresas turísticas, explotaciones pesqueras y de marisqueo. Parte de los pagos ya se ha hecho, pero otros continúan pendientes.

En total, el monto de los daños producidos por el Erika ha sido evaluado en no menos de 450 millones de euros. Una asociación de afectados reclama el doble de esa cantidad. Así están las cosas casi tres años después de aquel naufragio. Para España, el proceso acaba de comenzar.