La Junta demanda a Boliden por la vía civil y le pide 89,86 millones

La Junta ha decidido reclamar al grupo Boliden parte de los gastos del desastre ecológico que ocasionó en abril de 1998 el vertido en la mina que explotaba en Aznalcóllar, y presentar una demanda civil ante los juzgados de Sevilla por la que pide 89,86 millones de euros. La Administración andaluza no ha incluido en su factura el coste de la expropiación de terrenos y las campañas que fueron necesarias para promocionar los productos agrícolas. El Gobierno central, por su parte, abrió un expediente contra la empresa para multarla con 45 millones, pero la compañía ha recurrido al Tribunal Supremo.

El portavoz de del Ejecutivo autonómico, Enrique Cervera, dijo ayer que la demanda civil se fundamenta en el principio de que "quien contamina, paga", al tiempo que reconoció la dificultad "judicial de reintegrar el importante esfuerzo económico y humano realizado desde las administraciones públicas". No obstante, quiso dejar claro que el Gobierno andaluz "llegará hasta el final para que Boliden termine pagando el daño causado". La demanda de responsabilidad civil afecta de forma "solidaria" a tres entidades del grupo: Boliden Apirsa S. L., con domicilio en Sevilla, Boliden AB, como empresa matriz, con sede en Suecia; y Boliden BV, con sede en Holanda.

El desglose de la cuantía global que reclama la Junta es el siguiente: 46,97 millones, por los trabajos realizados por la Consejería de Agricultura y Pesca en la primera fase de retirada de lodos; 14,47 millones, por la segunda y relimpieza a cargo de la Consejería de Medio Ambiente; 2,48 millones, por el control y seguimiento de la calidad ambiental, a cargo del mismo departamento; 5,23, por las labores de investigación desarrolladas en las zona; 16,55 millones, invertidos en las restauración ecológica y 2,09, en concepto de asistencia técnica y actividades complementarias. A estas partidas hay que sumar 2,06 millones de euros.

El portavoz de la Junta hizo notar que en la demanda no se ha incluido la "totalidad del gasto" y se ha quedado fuera del cómputo los 66 millones de euros que ha costado la expropiación de terrenos, además del importe de las campañas de promoción para el proyecto del corredor verde y la defensa de la imagen de los productos agrícolas andaluces que, en opinión de Cervera, se vieron sometidos a un fuerte "acoso" tras la catástrofe ambiental.

Para presentar la demanda, los servicios jurídicos de la Junta han apurado el plazo de doce meses que empezó a correr en noviembre de 2001, cuando la Audiencia de Sevilla confirmó el dictamen inicial de la juez instructora de Sanlúcar la Mayor y ordenó el archivo definitivo de la causa penal. Tras más de dos años de instrucción, la juez se apoyó para sus conclusiones en el informe pericial, que apreció errores en el proyecto de construcción de la balsa que reventó, pero resaltó que los ingenieros que desarrollaron el proyecto siguieron la "práctica habitual" y por tanto no hubo negligencia ni delito.

Después del carpetazo definitivo de la Audiencia, la Junta y el Gobierno decidieron recorrer caminos distintos. Mientras la Administración andaluza anunció que volvería a los tribunales para exigir una indemnización por la vía civil, el Ejecutivo central decidió en agosto abrir un expediente sancionador a Boliden al considerarla responsable de una infracción muy grave a la Ley de Aguas por el vertido de seis millones de litros de aguas ácidas y lodos tóxicos al río Guadiamar.

La intención del Gobierno es que la multinacional sueca pague a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (competente para vigilar la calidad de las aguas) 45 millones de euros, la máxima multa posible, para compensar los costes de limpiar el río y de la descontaminación de suelos que llevó a cabo la Confederación. Boliden recurrió en septiembre el acuerdo del Consejo de Gobierno ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.