CC OO propone una comisión contra el tráfico ilegal de obreros

Los representantes del sindicato CC OO arrancaron ayer del delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, el compromiso de crear una comisión de seguimiento conformada por los propios sindicatos, la patronal, la delegación y el Gobierno regional para hacer frente al tráfico ilegal de trabajadores inmigrantes.

Durante casi dos horas, el secretario general de CC OO en Madrid, Javier López, acompañado de varios miembros de la Ejecutiva regional, plantearon ante Ansuátegui la "terrible" situación que padecen muchos trabajadores inmigrantes que son contratados de forma fraudulenta en varios puntos de Madrid y de la región.

Los representantes sindicales y el delegado del Gobierno abordaron específicamente la situación que se produce a diario en la glorieta de Atocha. A partir de las seis de la mañana se agrupan en este lugar decenas de trabajadores inmigrantes, unos con papeles y otros sin ellos, que esperan la llegada de empresarios que los destinan a diferentes tajos sin ofrecerles ninguna garantía laboral.

Esta situación de "explotación", según explicó ayer Javier López, se repite tanto en la plaza de Legazpi como en las localidades de Coslada, Collado-Villalba, Rivas-Vaciamadrid, Boadilla del Monte y Campo Real, entre otras. CC OO ya había denunciado estos hechos ante la fiscalía.

"Situación castigable"

La propuesta que presentó CC OO pretende poner freno a la explotación de trabajadores inmigrantes. La Delegación del Gobierno, según explicó Ansuátegui tras la reunión, "hará todo lo posible" por poner en marcha esta iniciativa y aumentar las sanciones a las que se exponen los empresarios que realizan este tipo de prácticas irregulares. Ansuátegui recordó que, en lo que va de año, y siempre a instancias de la Inspección de Trabajo, se ha superado el centenar de empresas multadas por contratos irregulares. Las sanciones ascienden a 800.000 euros.

En opinión de Javier López, la contratación fraudulenta de los trabajadores inmigrantes, especialmente en el sector de la construcción, "no debe quedar sólo en una sanción administrativa". "Estamos", añadió López, "ante una vulneración del derecho penal. Es una situación castigable".

El sindicato también pidió al delegado del Gobierno que las actuaciones "protejan" al inmigrante que al encontrarse en una situación irregular pueda ser sometido a un expediente de expulsión. "Ante la posibilidad de ser expulsados, los inmigrantes en situación irregular sometidos a una explotación laboral prefieren irse a otros sitios antes que denunciar. Lo que pedimos es que se estudien otras fórmulas para estas personas", declaró López. El delegado del Gobierno, según el sindicato, "estudiará" este aspecto.

"Continuaremos actuando en permanente defensa de los trabajadores, al margen de que tengan o no sus papeles en regla, y siempre frente a condiciones que no respeten el marco legal", indicó Ansuátegui.