La juez considera probadas las imputaciones de Mercalicante al ex gerente y declara legal el despido

La titular del Juzgado de lo Social número 3 de Alicante considera probadas las imputaciones que llevaron al consejo de administración de la empresa mixta Mercalicante a destituir al gerente de la entidad, Emilio Clavero, y, por tanto, declara procedente el despido del directivo. La juez, en una sentencia hecha pública ayer, rechaza la demanda de Clavero porque, a su juicio, "están plenamente acreditados los hechos imputados en la carta de despido" y, además, considera que el ex gerente "dispuso indebidamente de fondos de la empresa para usos no autorizados" e incurrió en abuso de confianza "al prevalerse para ello de la posición directiva que ostentaba".

En el apartado de hechos probados, la sentencia recoge primero las características y los poderes del contrato firmado el 10 de marzo de 1997 entre Mercalicante y Emilio Clavero, un contrato de trabajo personal de alta dirección con la categoría de director-gerente y un saliario bruto mensual de 4.113,74 euros. En el apartado de los poderes otorgados al ex gerente, el contrato autorizaba a éste a disponer de hasta un límite máximo de 100.000 euros por operación, salvo acuerdo específico del consejo de administración o de la comisión ejecutiva.

La sentencia constata a continuación que el consejo de administración acordó en su reunión del 29 de junio de 2002 el despido disciplinario de Emilio Clavero en base a las supuestas irregulares de gestión descubiertas por una auditoría de la firma Pricewaterhouse Coopers.

Las supuestas irregularidades de gestión son la base de la carta de despido que Mercalicante entregó a Emilio Clavero el 29 de junio de 2002. Entre otras, el documento incluye las siguientes "conductas" irregulares: uso, sin consentimiento del consejo de administración, de 300.000 euros para adquirir acciones en bolsa a nombre de Mercalicante; utilizar unos 100.000 euros para pagar las declaraciones de su renta y la de su esposa; aparecer como administrador único de la sociedad Ekonos Group 2.000 Sl, cuando el contrato firmado con Mercalicante era de dedicación exclusiva; y abonar, sin consetimiento del consejo, unos 500.000 euros a diversas empresas que ocupan locales propiedad de Mercalicante. "Todas estas conductas justifican por sí solas su despido disciplinario, recordándoles que su facultades de disposición de dinero para fines oficiales de Mercalicante están limitadas a cien mil euros", subrayaba la carta.

La juez considera acreditados estos hechos y rechaza las alegaciones de Clavero. La magistrada sostiene que el hecho de que el consejo de administración aprobara las cuentas de 2000 no presupone que tuviera "conocimiento cabal y pleno" de la compra de acciones en bolsa. También rechaza el argumento de indefensión por la inconcreción de los hechos imputados y considera "indiferente", a efectos laborales, que el gerente procediera a la devolución de algunas cantidades, antes de su despido. "Lo relevante no es el perjuicio económico, sino el quebranto de la confianza depositada por la empresa en el trabajador", dice el fallo.

Juan Zaragoza, edil del PP y vicepresidente de Mercalicante, comentó que la sentencia corrobora la tesis de la empresa respecto al ex gerente: "Nos engañó", dijo.