El Gobierno catalán no prevé construir ninguna vivienda social de acceso libre en Barcelona

En los próximos dos años, el Gobierno catalán no tiene previsto poner en el mercado en la ciudad de Barcelona ninguna vivienda social. En ese periodo, el Ayuntamiento ofertará 1.736, de las que 1.039 se encuentran ya en fase de proyecto. Los datos del Departamento de Política Territorial indican que su política de vivienda social se limita en Barcelona a facilitar pisos para familias desalojadas. El Incasol ofertará en los próximos dos años 520 viviendas sociales en el área metropolitana y otras 1.269 en el resto de Cataluña.

Las administraciones dedican una parte de su política de vivienda social a los programas de realojamiento de familias afectadas por planes urbanísticos. El Gobierno catalán tiene previstas para este fin en Barcelona 1.547 viviendas sociales y el Ayuntamiento otras 1.447. Pero la caída de las promociones de vivienda pública impide el acceso a la vivienda a las capas sociales menos favorecidas.

La oposición ha denunciado insistentemente que Barcelona es discriminada por el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) respecto al resto de Cataluña en materia de vivienda social. Las cifras facilitadas por el propio Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat ponen de manifiesto que CiU excluye a la capital catalana de sus programas de promoción de vivienda social y se vuelca preferentemente en poblaciones situadas fuera del área metropolitana, cuando es en esta última donde se concentra la mayor parte de la población. Contando los pisos para realojamientos, el Incasol, organismo dependiente de la Generalitat, promueve 899 pisos sociales en Barcelona, frente a los 1.845 del área metropolitana y los 2.718 del resto de Cataluña. Eso significa que el Gobierno dedica mayor esfuerzo relativo en materia de vivienda social a la parte del territorio menos habitada, donde residen 1.500.000 personas, frente a los 4.500.000 de la región metropolitana de Barcelona.

La misma proporción se observa en lo relativo a la promoción de pisos de alquiler por parte del Incasol hasta 2004: 131 en la ciudad de Barcelona, 1.806 en el área metropolitana y 2.718 en el resto de Cataluña.

El consistorio barcelonés realizó un programa de actuación de viviendas de protección social para el periodo de 2000-2003 que prevé un total de 7.268, incluidas las que financia el Incasol para realojamientos. De ellas, 1.786 ya están construidas y otras 2.309 están en obras. En fase de proyecto -con la localización de solares y con el inicio de obras previsto a corto plazo- hay otras 2.476: 799 de alquiler para jóvenes, 316 apartamentos para la tercera edad, 280 para realojamientos, 1.039 vivienda de acceso libre y 42 para la reforma de barrios. Por último, se han programado otras 697 viviendas sociales, pero todavía no tienen proyecto.

En 1995 el consistorio adoptó el compromiso de aumentar el número de viviendas sociales. Desde entonces, el 25% de todas las viviendas que se construyen en Barcelona son de promoción pública.

El Ayuntamiento es la Administración que realiza mayor esfuerzo. El 60% de las promociones las ejecuta directamente el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de la Vivienda y de Regesa. En el resto, el consistorio actúa de forma conjunta mediante acuerdos o convenios con cooperativas y agentes promotores sin ánimo de lucro.

La mayor parte de promociones públicas se sitúan en los distritos de Sant Martí y Nou Barris, si bien la actuación también es importante en Sants-Montjuïc y a menor escala en Ciutat Vella, un distrito que experimentó la mayor renovación de su parque inmobiliario en la década de 1990. En el caso de Poblenou, todas las viviendas previstas en los planes especiales del 22@ serán públicas y el Ayuntamiento calcula que podrá alcanzarse la cifra total de 4.000 si el proyecto se desarrolla como está previsto en las 100 manzanas que engloba el plan.

En 1995, el problema del acceso a la vivienda ya existía, pero en los últimos años se ha agravado considerablemente. Barcelona se ha convertido en la ciudad española donde la vivienda nueva es más cara: 2.390 euros por metro cuadrado. Eso significa que cada vez hay una mayor proporción de sus habitantes que no tienen acceso a una vivienda en la propia capital y han de buscarla en otras poblaciones menos caras.

El consistorio se ha propuesto como objetivo prioritario frenar la diáspora de población joven, que a la hora de buscar vivienda tiene que optar por viviendas situadas en las poblaciones cada vez más alejadas de Barcelona.

El crecimiento desmesurado del precio de los pisos en los últimos años se ha producido en paralelo a una caída en picado de las promociones públicas por parte de la Administración central, fruto de la política de vivienda del Partido Popular, que en 1996 financió la construcción de casi 160.000 pisos de promoción social y en 2000 sólo 60.000. En Cataluña, el Gobierno anunció un plan de choque para el periodo 2000-2003 que prevé promover 15.000 viviendas, de las que 2.870 serían de protección. Por su parte, el Plan Catalán de Vivienda de 2002-2007 prevé construir 8.200 pisos de protección pública para alquiler y 20.000 para la venta, según el Departamento de Política Territorial.