Control controlado

El Grupo Popular del Congreso ha bloqueado finalmente las comparecencias parlamentarias de los ex presidentes de Telefónica y Endesa. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación a otro intento anterior, en 1997 y 1998, de comparecencia de esas personas daba oportunidad para reabrir un asunto -el de la utilización de las empresas públicas privatizadas como caja sin fondo de operaciones políticas del PP- que se quiso sustraer al control parlamentario.

El portavoz del Grupo Popular advirtió en su día de que la decisión de aceptar o no las comparecencias correspondía a las personas requeridas, en la actualidad dos particulares con dedicaciones privadas. Sin embargo, el PP ha decidido adelantarse y utilizar su mayoría para impedir las comparecencias. Es una forma de decir que lo que les preocupa es precisamente que esas personas, especialmente Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, acepten la citación parlamentaria y respondan a las preguntas de la oposición; sobre todo porque hoy se saben cosas que se ignoraban o conocían a medias en 1997-1998. Se sabe, por ejemplo, cómo se preparó el proceso que garantizaba la continuidad al frente de la compañía, tras la privatización, del presidente nombrado por el Gobierno cuando era todavía pública; también se conocen detalles antes ignorados sobre las operaciones de intervención en el mundo de los medios privados de comunicación impulsadas por el PP desde su llegada a La Moncloa, y que fue el fracaso de una anterior maniobra lo que provocó la irrupción de Telefónica. Otro dato de interés, invocado por el portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, es que las pérdidas que esa aventura provocó en la compañía equivalen prácticamente al incremento de ingresos resultante de la autorización por el Gobiereno de una subida en la cuota de abono de Telefónica.

El argumento de que la sentencia del Constitucional no obliga a enmendar ahora la injusticia cometida hace cinco años es de poco peso; como mínimo, marca un criterio a seguir respecto a los derechos de la oposición en relación al control de la acción del Gobierno. Tal vez ello no obligue a las personas afectadas a aceptar comparecer en el Parlamento, pero desde luego mucho menos obliga al Gobierno a impedirlo si ellas están dispuestas: al revés, supone un mandato moral de retirar el veto.

El PP dice que no está dispuesto a que se cuestione la limpieza y transparencia con que realizó las privatizaciones, pero su veto indica que se trata de una transparencia condicionada: siempre que no comprometa al Gobierno.