El Consejo Audiovisual censura a Pujol la cesión secreta de emisoras

El Gobierno catalán se llevó ayer un buen varapalo. El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), organismo que vela por el cumplimiento de la legalidad en este sector, censuró la decisión del Ejecutivo de Jordi Pujol de conceder en secreto una veintena de frecuencias de radio a cuatro grupos de comunicación, alguno de ellos vinculado a CiU. La oposición de izquierdas tachó la iniciativa del Ejecutivo de clientelar y partidista.

A través de un comunicado, el CAC, que desconocía esta iniciativa gubernamental, expresó su 'extrañeza' y 'disconformidad' con el procedimiento usado por el Gobierno de Pujol -sin concurso previo y sin el preceptivo informe del CAC- y consideró que esta adjudicación 'no preserva el pluralismo'.

Los grupos empresariales vinculados a CiU han sido los más beneficiados en esta concesión. Radio Teletaxi, propiedad de Justo Molinero, militante de Convergència Democràtica (CDC), ha obtenido siete frecuencias; Flaix FM y Flaix Back -de Miquel Calzada Mikimoto y Carles Cuní-, cuatro, y Ona Catalana -participada mayoritariamente por Josep Manuel Lanza-, una. En la órbita de los grupos consolidados y multimedia, RAC 1 y RAC 105 -pertenecientes al Grupo Godó- consiguieron seis.

El Gobierno catalán negó ayer que se tratara de una adjudicación definitiva de frecuencias sino tan solo de concesiones provisionales de seis meses dentro de una prueba piloto para comprobar si hay o no 'saturación del espacio radiofónico' en Cataluña. El portavoz del Ejecutivo, Felip Puig, manifestó que esta 'prueba' no consolida a ningún grupo para la obtención definitiva de la licencia en el concurso público que se convocará el próximo año.

Preservar la pluralidad

Pero contrariamente a lo expuesto por Felip Puig, la resolución del CAC no podía ser más explícita. Además de mostrar su disconformidad con el sistema administrativo utilizado, opina que la decisión contraviene los objetivos expuestos en la ley parlamentaria que posibilitó la creación de este organismo regulador. El CAC también recuerda al Gobierno que debe fijar una 'política de transparencia en los procedimientos de adjudicación' que proporcione garantías de 'completa seguridad jurídica a los operadores' con el propósito de 'preservar el pluralismo externo'.

Las críticas al Gobierno le llegaron también desde la oposición de izquierdas y de su principal aliado en el Parlament, el PP. La izquierda utilizó términos muy duros para calificar la decisión que consideró partidista, clientelar, ilegal y clandestina y la enmarcó en el proceso de final de etapa que vive el pujolismo y CiU. 'Todo esto huele a podrido' llegó a afirmar el parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Bargalló.