Pamplona no parará las obras de la Plaza del Castillo tras la sentencia en su contra

El Ayuntamiento de Pamplona no paralizará las obras del controvertido aparcamiento subterráneo de la Plaza del Castillo, pese a la sentencia del Tribunal Superior navarro que ha anulado la adjudicación del proyecto a la empresa Estacionamientos y Servicios. La alcaldesa, la regionalista Yolanda Barcina, recalcó ayer que se mantendrán los trabajos, mientras la oposición critica la incertidumbre jurídica abierta.

El Superior considera que el consistorio adjudicó los trabajos en abril de 2001 a dicha empresa, filial de FCC, sin tener los preceptivos informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas. El tribunal cree insuficiente la única valoración incorporada al expediente, sobre la solvencia económica de los aspirantes, ya que fue realizada, señala el fallo, bajo 'discutibles criterios interpretativos'. Además, los baremos de adjudicación aplicados por la mesa de contratación se apartaron de los pliegos de condiciones.

Dos empresas concursantes recurrieron la decisión municipal y el Superior les ha dado ahora la razón. El Ayuntamiento de Pamplona está obligado a repetir todo el proceso, analizando las siete ofertas que se presentaron hasta concluir en una nueva adjudicación.

Lo que para Barcina y su concejal de Urbanismo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, no es sino 'un error técnico subsanable' en pocas semanas, supone para la oposición constatar que el expediente se tramitó de forma irregular y que el equipo de gobierno regionalista, apoyado por PSN y CDN, adjudicó el proyecto sin explicar por qué se consideró a la filial de FCC la oferta más ventajosa.

Los socialistas mostraron ayer su 'honda preocupación' por la incertidumbre jurídica generada, mientras IU cree que si los informes se redactan ahora pueden llegar nuevos recursos de las empresas perjudicadas.

El consistorio recalcó que las obras, en las que trabajan más de cien personas, no se pararán. 'La sentencia no obliga a ello y los jueces no establecen ningún tipo de responsabilidad política', señaló Sánchez de Muniáin. 'Adjudicamos el proyecto sobre criterios técnicos incorporados al acta de resolución de la adjudicación, aunque no en forma de informe. Subsanado ese error burocrático, propondremos una nueva adjudicación a la misma empresa', agregó el edil.

La adjudicataria es quien afronta el coste de los trabajos de construcción. El Ayuntamiento le otorgó a cambio la gestión del servicio durante 75 años, plazo recurrido ante los tribunales por los opositores al proyecto, que lo consideran ilegal por excesivo.

El precio de ejecución de contrata se estableció en julio de 2001 en 13,1 millones de euros, aunque la enorme demora derivada de las prolongadas excavaciones arqueológicas y el conflicto judicial consiguiente aún no ha sido cuantificada.