La Diputación de Córdoba acudirá a la vía judicial para evitar que Cajasur se acoja a la Ley Financiera

'Si tenemos que recurrir a la vía judicial para conseguir que Cajasur se quede aquí, lo haremos'. Así lo aseguró ayer Francisco Pulido (PSOE), presidente de la Diputación de Córdoba, refiriéndose a la Ley Financiera recién aprobada por el Congreso de los Diputados que permite al Consejo de Administración de la caja decidir si mantiene el vínculo con la Administración autonómica o si, por el contrario, pasa a depender del Ministerio de Economía, que podría tomar decisiones sobre sus estatutos, el reglamento de sus órganos de gobierno y su obra social.

Para Pulido, 'la Diputación puede ser la única institución que garantice que Cajasur se quede en Córdoba'. El presidente señaló que su preocupación principal es que 'lo que nació como un proyecto colectivo, destinado a generar desarrollo y a redundar en beneficio de todos los cordobeses, se ponga al servicio de una persona'.

La Diputación, dijo Pulido, defiende una caja fuerte y estable que permanezca dentro del sistema financiero andaluz y cumpla una función importante dentro de él. 'Hay otras cajas, como la aragonesa [Caja de Ahorros Inmaculada], que no van a someterse a la tutela del Ministerio de Economía ni a venderse', explicó, 'y espero que Cajasur también sepa conservar su identidad, porque no vamos a consentir que el patrimonio de los cordobeses deje de serlo'.

Acerca de la polémica suscitada por el seguro de 2,9 millones de euros suscrito a favor de Miguel Castillejo, Pulido reconoció haberse llevado 'una lamentable sorpresa', y consideró que es una situación 'ética y moralmente reprobable', que no casa con la 'relación de confianza, basada en la actitud de servicio', que mantenían con la caja. El presidente advirtió que la institución provincial, como cofundadora de Cajasur, ya ha asumido su responsabilidad, y lamentó que la Iglesia no hiciese lo propio.

Respecto a la carta que remitió la semana pasada al obispo de Córdoba, Francisco Javier Martínez, emplazándole a una entrevista para tratar esta cuestión, el presidente de la Diputación dijo no haber recibido respuesta alguna. Fuentes del Obispado aclararon ayer que la institución eclesiástica continuará manteniendo silencio, porque, arguyeron, son los órganos de gobierno de Cajasur los que tienen competencias para actuar en este caso. Es su primer pronunciamiento desde que se hizo pública la existencia de la póliza.

Rafael Merino, candidato a la alcaldía de Córdoba por el PP, afirmó ayer que, contra lo que sostiene el PSOE, la ley financiera asegura la permanencia de la caja en Córdoba. 'Hay otras formaciones que atacan a Cajasur y que deberían abandonar sus ambiciones de controlar políticamente la caja', manifestó. 'No deben olvidar que Cajasur y las otras entidades financieras de la Iglesia surgen de un acuerdo entre el Estado español y el Vaticano, y deberían defenderla en vez de atacarla, porque así ponen en peligro la estabilidad financiera de la entidad', indicó el dirigente popular.