Justicia acusa al colegio de letrados de Álava de crear tensión infundada

La nueva junta de gobierno del Colegio de Abogados de Álava se ha embarcado en una cruzada desde que inició su gestión que le ha reportado varios enfrentamientos con los poderes establecidos en la justicia vasca y cuyo último episodio se ha producido la semana pasada. Después de enviar hace un mes una circular interna a su 800 colegiados en la que censuraba al Departamento de Justicia y al Consejo vasco de la Abogacía por la forma de organizar el recién creado servicio de atención a mujeres maltratadas, los letrados alaveses han recibido sendas comunicaciones de ambas instancias en las que se descalifican los argumentos de la junta provincial y le acusan de crear tensiones infundadas.

El pasado 26 de septiembre se hacía la presentación pública del nuevo servicio vasco de asistencia de oficio a mujeres víctimas de malos tratos, en la que participaron responsables de Justicia y del Consejo vasco de la Abogacía, órgano que agrupa a los decanos de los tres colegios vascos. Unos días más tarde, la junta alavesa, presidida por Javier Martínez de San Vicente, distribuía entre sus asociados una dura nota en la que se afirmaba que la tramitación de este servicio se había realizado a espaldas del colegio local, que mantiene un turno propio de malos tratos en funcionamiento desde el pasado enero. Se reprochaba a Justicia invadir sus competencias, se le instaba a financiar el servicio con carácter retroactivo y se le acusaba de actuar bajo criterios de 'interés y oportunismo político'.

Explicaciones idénticas

Ahora los letrados de Álava y la propia junta colegial han recibido sendas misivas de los interpelados, en las que rechazan estos argumentos. Fechadas ambas el 29 de octubre, el presidente del Consejo vasco de la abogacía, Eduardo Escribano, decano de Vizcaya, y la viceconsejera de Justicia, Esther Larrañaga, exponen en estas cartas explicaciones idénticas. Señalan que la gestación de esta oficina para víctimas de violencia doméstica proviene de los tiempos de la junta de gobierno alavesa anterior, de un acuerdo interinstitucional del año 2000.

Larrañaga recuerda además que el propio Martínez de San Vicente estuvo presente en el acto de presentación pública del servicio y 'no se nos transmitió una sola de las inquietudes' luego manifestadas, además de haber mantenido reuniones posteriores con él. 'En modo alguno se trata de imponer un modelo en el turno de violencia doméstica, lo que se persigue es armonizar la iniciativa con un sistema de funcionamiento inspirado en criterios y principios compartidos', señala.

La viceconsejera sostiene que la actuación de los dirigentes de Álava es inconveniente y 'omite datos' sobre la financiación del turno de oficio. 'No creo que sea responsable ni sensato crear tensiones, máxime cuando los argumentos que se esgrimen están viciados por la falta de un mínimo contenido real', concluye.