La policía investiga una posible venganza laboral como móvil de las bombas de Vigo

La autoría de los paquetes bomba en Vigo y Redondela que causaron dos muertos y dos heridos continúa siendo una incógnita. La policía ha cruzado los datos personales y bancarios de las dos familias afectadas sin encontrar ninguna conexión, salvo una supuesta venganza de tipo laboral. Se sigue la pista de un sospechoso, pero faltan pruebas para ordenar su detención. Siete familias que recibieron paquetes bomba desde 1987 a 1992, atentados que causaron cuatro muertos y tres heridos, se quejan de que sus casos 'están abandonados' y siguen sin resolverse.

Una supuesta venganza relacionada con temas laborales es una de las pistas que sigue la policía tras el autor de los paquetes bomba que el pasado 5 de noviembre provocaron la muerte de Vicente Lemos Haya, de 51 años, jefe de producción de Pescanova, y su esposa, Rosa Gil, de 53, y causaron graves heridas a Luis Ferreira Pérez, de 43, apoderado del Citybank en Vigo, y a su hijo Óscar, de 12, que continúan hospitalizados. Los artefactos, un tubo relleno de pólvora prensada y trozos de hormigón y hierro que actuaron a modo de metralla, fueron colocados junto a la puerta de sus respectivos domicilios.

La policía ha descartado cualquier vínculo con el narcotráfico y el terrorismo, y según aseguran fuentes policiales, tiene un sospechoso, pero todavía sin las pruebas suficientes para poder ordenar su detención, ya que no hay huellas ni testigos que vieran al presunto autor en las inmediaciones de las casas en las que residían sus víctimas que, según creen los investigadores, no fueron elegidas al azar.

Lemos residía en la parroquia de Vilar de Infesta, en el municipio de Redondela, a tres kilómetros de la casa de Ferreira que vive en el barrio vigués de Cabral, y no se conocían. La investigación policial apunta a que el sospechoso tuvo relación con ambos por circunstancias similares y les convirtió en sus objetivos, al parecer, movido por la venganza.

Agustín Díaz de Mera, director general de la policía, que ha visitado el escenario del atentado y coordinado la investigación, se reunió el pasado viernes en el cuartel madrileño de Canillas con Carlos Corrales, comisario general de policía científica y responsable de determinar las características del artefacto utilizado en el atentado. La composición del artilugio explosivo era 'simple' y el mecanismo de activación lo componían ampollas de mercurio. 'No parece el diseño de un profesional, aunque el autor tenía conocimientos sacados de un manual de Internet', dicen fuentes policiales.

Toda la plantilla de la comisaría de Vigo que dirige Luis Manuel García y agentes de la Jefatura Superior de Policía de A Coruña trabajan en el caso y nadie se atreve a aventurar resultados, aunque creen que las pistas abiertas les conducirán hasta el autor. Cuando Arsenio Fernández de la Mesa, delegado del Gobierno en Galicia, declaró el pasado miércoles que se habían producido 'avances' en la investigación se refería al móvil de la venganza por el que apuesta la policía.

Aunque la policía es optimista sobre la resolución del caso, la experiencia demuestra la extraordinaria dificultad que implica resolver los atentados con paquetes bomba en los que nunca hay huellas ni testigos que puedan acreditar la autoría.

Siete familias que fueron objeto de explosiones similares confiesan su desazón, ya que, transcurridos 15 años desde el primer atentado la policía y la justicia, los han archivado sin conseguir establecer el móvil ni detener a los autores.

Cuando el cineasta catalán Luis Rodríguez Aller oyó en las noticias el suceso de Pontevedra no pudo evitar recordar el atentado que sufrió en 1987 y le causó la amputación de un dedo y graves heridas en otros dos. 'Las circunstancias son igual de extrañas que en nuestros casos. Mi primera impresión fue que podía tener alguna relación. Ojalá descubran pronto al autor de Vigo, pero la experiencia de nuestros atentados demuestra que no hay ningún interés en resolverlos. Están abandonados'.

Manuales militares

Ese mismo año, un paquete bomba enviado desde Burgos acabó con la vida de Francisco Javier Biurrun, 43 años, casado y padre de dos hijos, un industrial agropecuario. Al igual que en los demás casos, no había ningún móvil que explicara lo ocurrido y su fabricación aparecía en manuales militares. El Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud de indemnización de 150.253 euros que reclama su viuda al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Para Interior no se ha podido avalar que se trate de un acto terrorista.

Juan Goyeneche Moreno, 61 años, conde de Ruiz Castilla, salvó la vida pero padece importantes secuelas físicas desde que el 16 de octubre de 1992 abrió un paquete bomba en su casa de Madrid. Perdió un ojo, la mano derecha, dos dedos de la izquierda y masa muscular de los muslos. La Seguridad Social le reconoció su minusvalía, pero Interior le niega la indemnización de 390.657 euros que contempla la ley para casos de gran invalidez. El argumento empleado por la Administración ha sido el mismo que con Biurrun: no se considera terrorismo.

José Antonio Valverde, letrado de los Goyeneche, destaca que el caso está archivado y refiriéndose a los atentados de Pontevedra añade: 'A ver si ahora se acuerdan de nosotros y reavivan el caso. Nos sentimos totalmente abandonados'.