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El PP rechaza conceder pensiones de viudedad a las parejas de hecho

El Gobierno afirma que el matrimonio merece un trato 'más favorable'

No a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho, no a la adopción conjunta para las uniones de gays o lesbianas y no a la equiparación de sus relaciones con el matrimonio. El Gobierno ha dejado clara su postura al responder una pregunta sobre el asunto del diputado de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Saura. En el documento, el Ministerio de Presidencia insiste en que el matrimonio merece un trato 'más favorable'.

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La pregunta del diputado catalán se refería específicamente a las uniones homosexuales, pero la respuesta es ampliable, en casos como el de la pensión de viudedad, a las parejas de hecho heterosexuales. Lo que no se sabe es cuántos son los posibles beneficiarios. En España no existe un censo de parejas de hecho. Si se tiene en cuenta que casi el 18% de los padres de los 400.000 nacidos en 2000 no estaba casado, la cifra arroja casi 64.000 parejas de hecho que fueron padres ese año, lo que permite suponer que hay casi 200.000 en total (a las 64.000 habría que añadir las parejas heterosexuales que no tuvieron hijos ese año y las de gays y lesbianas). La cifra no se sabrá hasta que se procesen los datos del último censo de población.

Saura preguntó también si el Gobierno tenía la 'intención de estudiar la posibilidad de que el matrimonio civil [entre homosexuales] sea legal en el Estado español, como ya lo es en otros países [Holanda]'. El Gobierno se ampara en sentencias del Tribunal Constitucional de 1990 y 1994 para denegarlo, y afirma que 'las medidas de los poderes públicos que otorgan un trato distinto y más favorable a la unión familiar [entendida como la constituida a partir de un matrimonio] que a otras unidades convivenciales' no son incompatibles ni con la Constitución ni con el principio de igualdad. Con ello refuerzan la idea de que si el PP llega a formular una ley de parejas de hecho estatal (como anunció Aznar tras el último congreso del partido), los afectados tendrán menos derechos que los matrimonios.

Un portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays (FELG) destacó que las sentencias del Constitucional 'son de hace ocho años, cuatro antes de la aprobación de la primera ley de parejas del Estado [la de Cataluña de 1999]. Desde entonces la sociedad ha cambiado mucho, como lo demuestran los sucesivos intentos de los partidos de la oposición para que el PP apruebe una reforma del Código Civil que permita el matrimonio'.

Las últimas de estas propuestas han sido las de IU y PSOE, que esta semana han vuelto a presentar en el Congreso una proposición al respecto. 'Es un compromiso ineludible', afirmó la diputada de IU Marisa Castro. que recordó que hace un año el PP ya rechazó estas iniciativas.

Sobre la adopción, el PP recuerda que está restringida a 'una sola persona (cualquiera que sea su sexo)', o a parejas de hombre y mujer, unidas en matrimonio o 'de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal'. Con ello deja fuera la adopción conjunta por las parejas de gays o lesbianas, una de las reivindicaciones de las asociaciones de homosexuales.

Otra propuesta de Saura, como la de la inclusión en la Seguridad Social de las parejas 'no son necesarias', según fuentes del Ministerio de Trabajo. 'Todos los españoles tienen derecho a la prestación sanitaria', recalcaron. Acerca de la posibilidad de que un miembro extranjero de una pareja de hecho pueda obtener la nacionalidad, el Gobierno ni lo menciona en su respuesta a Saura.

Por último, la respuesta del Ministerio de la Presidencia recuerda que en el Congreso se tramita actualmente una proposición de ley sobre el derecho a la identidad sexual. Pero el proceso de esta ley comenzó en 1999 en el Senado, y hace casi dos años que está en la Comisión de Justicia del Congreso. Para las asociaciones de transexuales (que calculan que hay más de 8.000 personas que esperan esta norma para poder regularizar su vida), el proceso está 'secuestrado' por el PP.

Mientras tanto, las parejas de hecho se enfrentan a un galimatías de normas autonómicas (ver gráfico). Ya hay siete aprobadas; la de Andalucía se espera para la semana que viene y el País Vasco y las comunidades gobernadas por el PSOE preparan las suyas.

'Está claro que el Gobierno no va a hacer absolutamente nada por los derechos de gays y lesbianas', afirmó ayer Saura. 'Lo de permitir que las parejas gays vivan en casas cuartel de la Guardia Civil fue un espejismo', se lamentan en la FELG.

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