El Gobierno aprueba el nuevo estatuto fiscal y excluye a Cardenal de la limitación de mandatos

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que mantiene y refuerza las competencias del fiscal general del Estado sobre los nombramientos de los cargos de la carrera. La reforma excluye al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de la limitación temporal de su mandato, mientras que fija en cinco años el de los fiscales jefe, que habrán de ser confirmados o relevados cuando entre vigor de la ley. El PSOE, que reconoció la necesidad de modernizar el Estatuto, presentará enmiendas para que el fiscal general no sea el 'defensor del Gobierno'.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y acordó remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de esta reforma, que ha sido informada favorablemente por la Junta de Fiscales de Sala, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

El nuevo Estatuto mantendrá el poder del fiscal general en los nombramientos, pese a que la Junta de Fiscales de Sala -la cúpula de la carrera fiscal- había propuesto limitar la discrecionalidad de éste exigiendo un informe vinculante del Consejo Fiscal para los ascensos a fiscal de sala y un mínimo de votos favorables del dicho organismo para el nombramiento o cese de un fiscal jefe .

Según el ministro de Justicia, José María Michavila, la reforma refuerza el papel del Consejo Fiscal ya que, a partir de su aprobación en el Congreso, esta institución no sólo va a ser oída, sino que además deberá emitir informes motivados que habrán de ser considerados por el fiscal general a la hora de hacer sus propias propuestas.

Es decir, la reforma queda a medio camino entre la propuesta del 'informe vinculante' que hicieron los fiscales de sala y el derecho a 'ser oído' que tenía el Consejo Fiscal hasta ahora. Su informe tendrá en el futuro mayor relieve pero, en definitiva, la decisión final sobre un nombramiento seguirá correspondiendo al fiscal general del Estado.

Sobre este punto, el ministro de Justicia afirmó que la reforma 'es respetuosa con la Constitución', que dice que el superior jerárquico de la carrera es el fiscal general del Estado, por lo que se seguirán respetando las competencias que tiene en materia de nombramientos.

Consejo Fiscal reforzado

El ministro afirmó que el papel del Consejo Fiscal se va a reforzar, en el sentido de finaliza la elección de sus vocales por categorías de fiscales, y se instaura una elección 'mucho más democrática' al aprobar que sus miembros sean elegidos entre la totalidad de los fiscales.

Michavila agregó que el Consejo Fiscal va a ser 'escuchado' en la elección de fiscales delegados, que serán designados para perseguir delitos concretos como los de violencia doméstica, delitos medioambientales o siniestralidad laboral. En otro momento, Michavila afirmó que la reforma del Estatuto Fiscal se enmarca dentro del proceso de modernización de la Justicia contenido en el Pacto de Estado.

En cuanto a la limitación del mandato de los fiscales jefes a cinco años, el titular de Justicia indicó que 'todos los informes recibidos del Consejo Fiscal apuestan por la temporalidad de los nombramientos'.

Michavila aseguró: 'El único cargo de nuestra democracia que no había llegado a ese principio democrático de la temporalidad del mandato era el de fiscal jefe. Los cargos perpetuos o vitalicios son propios de las dictaduras'.

En contraposición con la situación de los fiscales jefes, Michavila afirmó que el fiscal general del Estado 'está sujeto a temporalidad', a pesar de que dicho cargo, de libre nombramiento y cese por el Gobierno, carece de mandato temporal o a plazo fijo, informa Bonifacio de la Cuadra.

En realidad, en la situación legal vigente, los fiscales jefe, que en todo caso tienen el límite de la jubilación -por lo que no son cargos vitalicios- pueden ser removidos en cualquier momento por el Gobierno, igual que el fiscal general, pero unos y otro tienen un mandato indefinido temporalmente. El proyecto aprobado ayer por el Gobierno limita a cinco años el mandato de los fiscales jefes, pero mantiene la indefinición temporal del cargo de fiscal del Estado.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, criticó que en el proyecto de reforma se establezca la limitación de mandatos como 'una decisión puramente política'.

Caldera reconoció que el PSOE está de acuerdo en limitar temporalmente los cargos, pero añadió que para ello se debe atender a criterios de profesionalidad y rigor. 'No puede ser que el fiscal del Estado se convierta en un abogado defensor de miembros del Gobierno. Con esa propuesta de reforma, se refuerzan sus competencias y sin embargo, se rebajan otros mecanismos que afectan a otro tipo de fiscales', agregó Caldera, tras anunciar que el PSOE planterá enmiendas en el trámite parlamentario.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó ayer que la reforma del Estatuto Fiscal da 'aún más carta blanca' al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para actuar como 'fiscal general del Gobierno'.

El Consejo de Ministros aprobó también la creción de 49 órganos judiciales que completan los 81 órganos penales anunciados en el Plan de Lucha contra la Delincuencia. Este plan implantará también los juicios rápidos a partir del 29 de abril de 2003.